04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

In Voce

 
POR UN PELITO. Después de haber pasado un sofocón que derivará, seguramente, en un argumento más que tendrá la Comisión de Juicio Político a la hora de cargar sus tintas en la acusación contra el Defensor General; Miguel Angel Romero aprendió. El Tribunal Oral en lo Penal Económico nro. 1 lo había denunciado hace poco por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público al no proveer la designación de tres defensores oficiales que según Romero le pidieron sobre la hora. Es preocupante la realidad que se genera en ese fuero por la gran cantidad de imputados que solicitan la asistencia de la defensa pública cuando paradójicamente los casos que allí se debaten casi siempre están vinculados a cuestiones que tienen que ver con el mundo empresario (cheques sin fondos, evasión tributaria, AFJPs y contrabando) y que se supone que están en condiciones de costearse a sus propios letrados. La realidad de la defensa pública es que antes era de pobres y ausentes y ahora, y sobre todo después del caso María Julia, lo es también de ricos y famosos. Muchas veces la elección no sólo se hace para ahorrarse unos mangos sino también por la calidad profesional de los defensores oficiales orales, al que suele sumarse el brillante Mario Villar de la primera instancia. Lo cierto es que además, algunos abogados particulares muchas veces arrugan a la hora del debate oral (más de uno necesita un buen curso de oratoria, y lo sabe), lo que hace que la labor de los defensores oficiales se haya visto multiplicada en forma ostensible. Viendo ese cuadro de situación y no estando dispuesto a recibir más tirones de orejas de tribunales que , según él, no entienden razones, Romero decidió la semana pasada ante un problema de escasez de defensores, ponerse el overol y asumir personalmente el patrocinio de un imputado en un juicio oral. Pero casualmente se trataba del debate que tiene por protagonista al coiffeur Miguelito Romano por su presunta participación en una asociación ilícita en fraudes con tarjetas de crédito. Las vueltas del proceso hicieron que en definitiva la participación del jefe de los defensores no fuera necesaria, pero para demostrar que su presencia era más que un símbolo, se bancó el debate hasta su finalización, sentadito en primera fila junto a la a la secretaria de Asuntos Jurídicos, Estela García Vigo.

DUELO PATAGONICO. Todo parecía indicar que Neuquen iba a ser premiada con la instalación de una Sede Regional de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura y decimos que parecía porque de buenas a primeras la provincia capicúa se quedó sin nada. Es que el Consejo de la Magistratura, además de administrar los recursos del Poder Judicial, de tomar examen para seleccionar a los nuevos jueces y zarandear a los díscolos; es un órgano político. El proyecto original era que la sede funcionará en Neuquen, pero de pronto hubo un cambio de planes y de la mano del influyente senador y consejero Pichetto, la sede nominada pasó a ser General Roca, provincia de Río Negro. Para los que entienden detrás de esto hay más que una puja de pago chico (el legislador es de Río Negro y quería darse el gusto). No es un secreto para nadie que la provincia de Neuquen, con su presidenciable gobernador Jorge Sobisch, trata de hacerse un lugarcito en la agenda de la política grande. Por eso desde el gobierno nacional uno de los primeros que salió a señalar ese juego a contrapierna que a veces rinde buenos resultados, fue el mismísimo mandamás de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, cuando veladamente señaló a los funcionarios neuquinos como los impulsores de un proyecto que permita la libre inscripción de sociedades anónimas con mínimos requisitos para contrarrestar los aumentos de controles inflexibles se que está propiciando desde el Gobierno Nacional. Pichetto, líder de la bancada oficialista en el Senado, no podía regalar espacio a quien está tratando de venderse como paladín “pro empresario” de la seguridad jurídica. Así de una misma jugada defendía la estrategia política del gobierno K y se llevaba a su pago la escuelita de jueces. Cuando la puja entre Río Negro y Neuquen, no es solamente entre la nieve de Catedral y Chapelco, la justicia tiene mucho que ver. En todas esta historia los demás consejeros no quisieron ser mero actores de reparto y se trenzaron Beinusz Szmukler y Lelia Chaya y Pereira Duarte con el mismísimo Pichetto tratando de encontrar otros por qués a una decisión que ya estaba cocinada por el bloque del PJ en el Consejo.

NIÑA BONITA. La ahora quinceañera fundación Poder Ciudadano, con los festejos de ocasión -asistieron políticos, diplomáticos, funcionarios y periodistas, trató de reavivar nuevamente en la opinión pública la llama de la defensa de la transparencia, la lucha contra la corrupción y la fiscalización y control de las instituciones. Fundada en 1989 por Luis Moreno Ocampo, Manuel Mora y Araujo, Marta Oyhanarte, Mona Moncalvillo, Teresa Anchorena, y Víctor García Laredo nació al calor de la consolidación de la democracia luego de los sofocones del gobierno de Alfonsín, donde la pulseada con los militares estaba a la orden del día. Con una muy buena imagen pública labrada en quince años de presencia mediática, solamente los atentos y los entendidos empezaron a notar que en su afán por mostrarse como celosos custodios de la transparencia y lo políticamente correcto pintaron con brocha demasiado gorda algunos temas y metieron la pata más de una vez. Esto les valió un duro enfrentamiento en el seno del Consejo de la Magistratura cuando trataron de aguijonear a los consejeros diciendo que había cierta complacencia política con los jueces que debían acusar. Más allá del error de tratar de erigir al Consejo de la Magistratura como un patíbulo automático, lo cierto es que este nuevo organismo ha promovido más juicios políticos en su corta vida que todos los que se hicieron mediante el sistema anterior. La otra patinada fue la que le sirvieron en bandeja al diputado y consejero Jorge Casanovas quien padeciendo los bifes mediáticos por haber pertenecido a las huestes ruckaufistas, sacó pecho y adhesión del pleno del cuerpo cuando equivocadamente en este caso Poder Ciudadano lo denunció por xenófobo. Sobre la endeble base de un artículo periodístico y sin tomarse el trabajo de recurrir a la lectura de la versión taquigráfica, se le fueron encima como moscas a la miel. Estos pequeños yerros y falta de rigor pasan desapercibidos para el gran público pero opacan y restan fuerza a la labor de la entidad que ha tomado a la justicia como pivote de su accionar. Ya son varios los periodistas que toman con pinzas los comunicados y gacetillas de Poder Ciudadano porque más de una vez los han hecho meter la pata y hasta comerse algunas cartas documento. De todos modos el balance, a 15 años de ardua labor, siempre es positivo, sobre todo cuando de transparencia se trata.



alejandro s. williams / dju
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