La pretensión de un municipio de la provincia de La Rioja de cobrar tasas de ingreso a las bebidas provenientes de otra provincias, en este caso Coca Cola, puso nuevamente en el centro de la escena la facultad de los municipios de cobrar estos emolumentos.
Desde la empresa se alega que la tasa constituye una aduana interior, lo cual está prohibido por la Constitución Nacional que al efecto dispone en varias cláusulas “En todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso” (art. 5). Tal como lo señala Alberto Piotti, ex juez federal en la sección Nota de Fondo titulada “Poder de policía y facultades tributarias de los municipios” ”la cuestión, lejos de resultar novedosa, ha dado lugar a una mayoritaria jurisprudencia (apoyada en exhaustivos estudios doctrinarios sobre el particular) que, en forma reiterada, ha descalificado preceptos municipales como los aquí comentados cuando lo que se pretende, en realidad, es percibir un tributo por un servicio que, o bien no se presta, o bien resulta materialmente imposible de desarrollar en relación a determinados productos.”
Amnesty International
Amnistía Internacional envió una carta al Gobernador de Mendoza, Julio Cobos, en atención a su preocupación por las condiciones carcelarias de la penitenciaría de la provincia. Ésta es la tercera comunicación que efectúa el organismo internacional por el trato cruel, inhumano y degradante que violan, según dice la carta, ”las obligaciones internacionales adquiridas por la República Argentina y representan una afrenta a la dignidad humana de los internos”. asimismo, reiteran su pedido a las autoridades Argentinas para que ”tomen medidas inmediatas para poner fin a estas graves violaciones de derechos humanos”. El 15 de septiembre del corriente los familiares de nueve internos presentaron un recurso de habeas corpus por “agravamiento injustificado de las condiciones de detención” ante el 1° Juzgado de Instrucciones Penal de Mendoza. Si bien el recurso fue rechazado y se encuentra apelado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dirigió al Estado Argentino para solicitar la adopción de medidas urgentes con relación a las condiciones de detención de estos presos.
Postergación
El Gobierno Nacional y el Congreso tomaron la decisión de frenar el tratamiento legislativo del proyecto de ley que proponía establecer un marco regulatorio para las empresas privatizadas, a raíz de las reacciones que causó en estas el estudio de ese norma. La empresas cuestionan la aprobación en el Senado de un proyecto para impedir los cortes de servicio y obligar a las empresas a mediar con los morosos. Debido a las presiones de las empresas, sobre todo las de capital español, la iniciativa para impedir los cortes de servicios como la que prevé el proyecto quedarán congeladas al menos hasta que se reanuden las negociaciones con el FMI.