“En razón de la inflación producida desde la última recomposición salarial de 1991 hasta la fecha, especialmente la que se soportara el año pasado, las retribuciones judiciales han sufrido una desvalorización que se puede estimar alcanza cerca del 80% de la remuneración total, es decir que, como consecuencia de su falta de actualización, los ingresos se han visto reducidos de manera inadmisible en su capacidad adquisitiva”, advirtió Kiper.
Para el consejero, es de esperar, por la situación descripta, que se inicien reclamos administrativos tendientes a ponerle fin a este “irregular estado” y, de no conseguirse el resultado perseguido, “la promoción de procesos judiciales que importarán aún mayores erogaciones para los ya insuficientes fondos destinados al Poder Judicial, en el presupuesto nacional”.
Además, el vicepresidente del Consejo resaltó que es un hecho público y notorio “que la recaudación fiscal ha crecido notablemente en los últimos años”, de acuerdo a los informes que suministra el Poder Ejecutivo y a lo que anuncian todos los medios de comunicación. “Al ser así, a este Poder del Estado le corresponde, por aplicación de la ley de autarquía, un porcentaje de ese aumento de los ingresos fiscales que, hasta el momento, no fue satisfecho. Las partidas destinadas al presupuesto del Poder Judicial permitirán hacer frente a la recomposición solicitada, por lo que entiendo que no existe óbice de ninguna clase para fijar una recomposición acorde con la inflación producida o, la menos, razonable”, agregó.
A su vez, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Miguel Caminos, le solicitó a la presidente de la Comisión de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, Victoria Pérez Tognola, que le conceda “a la brevedad” una audiencia para exponer sobre “la imperiosa necesidad de que las remuneraciones del Poder Judicial de la Nación sean actualizadas de manera adecuada”.
“Desde hace tiempo nuestra Asociación viene planteando, en distintos ámbitos, alternativas de posible e inmediata concreción ante la depreciación monetaria producto de una grave y sostenida crisis económica, que trajo aparejada la desactualización de los sueldos en un porcentaje tal que afecta la garantía de intangibilidad diseñada por la Constitución Nacional en garantía de la independencia de la Justicia”, manifestó Caminos en la nota enviada a Pérez Tognola.