El hecho tuvo lugar hace alrededor de diez días, cuando la titular del juzgado de instrucción N°38, que se encuentra ubicado en el Palacio de Tribunales notó la falta de dinero de su propiedad que guardaba en la caja fuerte del juzgado. En dicha caja se encontraban depositados en sobre cerrado 10.000 dólares, que pertenecían a la jueza Wilma López. De ese total el faltante es de 4.000 dólares. Asimismo, se encontraron abiertos otros sobres vinculados a causas que tramitan ante este juzgado. López radicó la denuncia ante la Comisaría Tercera, que tiene a su cargo la jurisdicción del Palacio. Atento a los turnos correspondientes recayó ante el fiscal Alejandro Molina Pico, y ante el juez de instrucción Ernesto Botto, quien de inmediato decretó el secreto de sumario y remitió los actuados al fiscal quien tomó declaración a la propia jueza damnificada y otros empleados del juzgado, devolviendo las actuaciones al juez Botto, habiendo identificado a dos supuestos sospechosos. Por otra parte, se sabe que el responsable de los objetos guardados en la caja fuerte del juzgado es el secretario letrado del mismo, pero ha sido descartado como sospechoso por encontrarse ausente al momento de la desaparición por licencia por paternidad. Además, la juez López admitió ante el juez Botto que ella también poseía una copia de la llave de la caja fuerte. La causa continúa su causa y por el momento se dirige a averiguar quién más tenía acceso a la caja.
Oficina Anticorrupción
Daniel Morin, Fiscal de Control Administrativo de la Oficina Anticorrupción (OA), presentó este martes un recurso de apelación extraordinario ante la Corte Suprema en la causa sobre sobornos en el senado. A raíz de que la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó el recurso de queja que había presentado la OA con motivo de los desprocesamientos de José Genoud, Emilio Cantarero, Fernando De Santibañes y Mario Pontaquarto, Morin interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema en el entendimiento de que dicha resolución es “arbitraria por carecer de fundamentación”. En el escrito presentado, Morin explicó que la Cámara de Casación (CNCP) no contestó el principal argumento que la obligaba a conceder el recurso, obviando todo obstáculo formal, que es la gravedad institucional; y en el caso de los sobornos en el senado se dan todos los supuestos de gravedad institucional reconocidos por la Corte Suprema. Además, Morin señaló que la “CNCP perpetuó con su fallo la gravedad institucional del caso, al no ir más allá de los requisitos formales, consintiendo de ese modo la no dilucidación de los hechos por parte del Poder Judicial y aumentando mucho más la gravedad del caso de corrupción que nos ocupa, que ve cada vez más involucrados a los tres poderes del Estado”. (texto completo al final)