Al cierre de esta edición, los trece legisladores que integran la comisión investigadora estaban reunidos para definir los plazos y el procedimiento a seguir para el juicio político a seis integrantes del Consejo de la Magistratura porteño. Por lo visto en los primeros encuentros de la comisión, el juicio no tendrá un trámite tan rápido y fluido como parecía en un primer momento. De hecho, algunos legisladores arriesgaron que no habrá definiciones hasta mediados de 2005.
El Consejo de la Magistratura es el órgano que realiza los concursos para elegir jueces y que tiene la administración del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Está integrado por nueve miembros: tres jueces, tres abogados y tres representantes de la Legislatura. A estos últimos seis los diputados le abrieron juicio político a principios de este mes, ya que se los acusa, entre otros cargos, de tener una planta desproporcionada de personal y de haberse asignado sueldos que están por encima de lo que marca la ley.
Los consejeros, hasta el momento, prefirieron no expedirse sobre el asunto aunque, se supo, que los representantes de los jueces en el organismo ya hicieron llegar a algunos legisladores su preocupación por la posibilidad de que el juicio se dilate.
El kirchnerista Miguel Talento propuso que la comisión investigadora tenga un plazo de 60 días hábiles, al menos, para expedirse sobre la situación de los consejeros. "Es un tema muy complejo. Debemos tener un tiempo razonable para establecer los hechos y juntar prueba clara y abundante, para dejar abierto el menor margen posible a las especulaciones políticas", dijo Talento.
A esta situación se opuso el macrista Jorge Enríquez, junto a otros legisladores, que proponen elevar el expediente a la sala juzgadora antes de fin de año. Un allegado a Enriquez le dijo a este medio que “la comisión debe expedirse lo antes posible porque no se puede trabajar bajo esta incertidumbre”, aunque destacaron que se debe respetar la garantía de defensa en juicio.
Una vez que se expida la comisión investigadora, el dictamen pasará por la sala acusadora, -y eventualmente- terminará en la sala juzgadora, que tiene un plazo constitucional de cuatro meses para realizar el juicio político propiamente dicho. Desde que existe la Legislatura, ésta es la primera vez que se va a hacer un juicio político.
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