Gudiño de Argüelles, jueza federal en Neuquén y miembro del Consejo de la Magistratura parece no tener paz. Cuando aún no se han acallado los ecos de su controvertida ausencia al irse de vacaciones al Caribe justo en medio de la crucial votación para decidir la suerte de Bustos Fierro, le salta un nuevo escándalo. Acaba de aparecer en una lista de jueces patagónicos que ponían sus dineros en una mesa de dinero que está siendo investigada por la DGI por presunto fraude al Estado y evasión impositiva por la friolera -para los números del sur- de entre 2 y 3 millones de pesos. Si bien la jueza seguramente sería una víctima de la maniobra que le imputan al estudio contable Monti Azerbi y Asociados, no puede soslayarse que se trata de una magistrada que debe controlar la conducta de sus pares y por lo tanto, pese a que el dinero sería proveniente de bonos ganados en un juicio, su vinculación con un supuesto mesadinerista no la favorece. Sobre todo, cuando la Cámara Federal de General Roca (Río Negro) hace tiempo que la tiene en la mira. Argüelles también tiene problemas con el manejo de su juzgado por la doble imposición de tareas, que en su caso se agrava por viajar semanalmente a Buenos Aires. Pero, más allá de las preferencias urbanas de algunos magistrados, es cierto que es todo un problema para jueces y camaristas que integran el Consejo. No dan abasto, entre las atenciones de su despacho y causas con la creciente actividad en el Consejo. Tampoco, es lo mejor si se lo mira desde la equidad y tranquilidad que debería tener un Consejero. En este planteo no hay diferencias de sectores dentro de la magistratura.
hugo morales / dju
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