Según comentaron fuentes consultadas, desde la DAF le consultaron al Consejo qué iban a hacer a raíz de que se tomó conocimiento que el ministro de Economía, Roberto Lavagna, había hecho saber al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que la liquidación del pago de los aumentos resultaba violatorio de normas y leyes.
Una vez culminado el nuevo análisis del tema, el cual demoró cerca de una hora y media, los consejeros consultaron a la administradora del Poder Judicial, Cristina Akmentins, sobre cómo estaban los cálculos para el pago de esos beneficios, y ante esa inquietud ésta contestó que el mismo se haría efectivo el próximo lunes.
La resolución 471/04 fue avalada por 10 de los 15 presentes, ya que Bindo Cabiglione Fraga, Ricardo Gómez Diez, Juan Minguez y Marcela Rodríguez se abstuvieron de votar y por su parte Joaquín Darocha se manifestó contrario a la misma.
La decisión del Consejo se dio en el marco del duro comunicado de prensa que hizo circular durante la jornada la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, en donde puntualmente se acusó de “mentiroso”, al presidente de la Corte Suprema, Enrique Petracchi.
Según el gremio el juez del alto tribunal está armando una campaña de “desinformación” y aseveraron que “no tiene ninguna intención de beneficiar a los trabajadores sino todo lo contrario”. Asimismo, la entidad dirigida por Julio Piumato, también, cargó contra Lavagna cuando manifestaron que rechazaban “la intromisión del ministro en el Poder Judicial de la Nación”.
La nota de los judiciales fue en respuesta al escrito que Petracchi le envió a Alberto Fernández en donde le pide que tenga a bien disponer un incremento de crédito presupuestario para la jurisdicción en el presente ejercicio, con el objeto de financiar el aumento de un punto en el Adicional por Antigüedad y una nueva escala progresiva en el Adicional por Permanencia en la Categoría para todos los agentes del Poder Judicial de la Nación.
Según la propia Corte, la misiva fue emitida a fin de ratificar no sólo su voluntad de otorgar aumentos en las remuneraciones de todo el personal del Poder Judicial de la Nación, sino también la de evitar un problema institucional de graves consecuencias para el país.