En la presentación que realizó la consejera, a través de su abogado, José Miguel Onaindia, a la que tuvo acceso este medio, se solicita la “nulidad absoluta e insanable de la Resolución 467/04” fundado en “los vicios que afectan el dictado del acto y le quitan validez jurídica para promover un acto de trascendente importancia institucional como lo es el juicio político de un funcionario de un órgano de la Ciudad”. Los otros consejeros que enfrentan el juicio político son el presidente del organismo, Carlos Rosenfeld, Diego May Zubiría, María Celia Marsilli, Bettina Castorino y Juan De Stéfano.
Apoyándose en fragmentos de la versión taquigráfica de la sesión de ese día, la consejera manifiesta que “de las manifestaciones transcriptas surge nítidamente que al votarse en general mi expediente, no se alcanzó la mayoría requerida para su aprobación y la continuación del tratamiento parlamentario”. Según Iráizoz, en ese momento se debió aplicar el artículo 228 del Reglamento Interno de la Legislatura, que dispone expresamente que cuando un proyecto es desechado en general, concluye toda discusión sobre él y debe disponerse su archivo.
Sin embargo, -continúa la presentación - luego ofrece realizar una rectificación de la votación y frente a una petición del diputado Herrera Bravo, se vota nuevamente sin fundamento alguno y sorpresivamente de veintiocho votos que habían emitido positivamente se pasa a treinta y tres votos, sin que se aclare el por qué de la segunda votación sobre un mismo tema y el cambio tan sustancial de los votos positivos recibidos por la propuesta.
Por ello, cuando están en juego derechos personalísimos como el honor y la reputación de las personas, deben extremarse los recaudos formales para evitar producir daños irreparables y exponer al Estado a juicios de responsabilidad en sede internacional, puesto que se ha obligado en ese ámbito al respeto de los derechos que tales decisiones afectan.
La otra irregularidad que manifiesta la consejera consiste en la “ausencia de consideración en particular”. “El cuerpo legal impone el tratamiento "artículo por artículo, debiendo recaer sucesivamente votación sobre cada uno" y no una votación en particular que abarque en un solo acto y sin discusión la totalidad de los artículos que componen el proyecto”, sostuvo.
“Como consecuencia de la inconstitucionalidad derivada del incumplimiento del Reglamento Interno de la Legislatura para la adopción de la Resolución que promueve mi juicio político, este acto resulta nulo y así solicito se declare y se ordene el inmediato archivo de la actuación”, concluye la presentación que será analizada este jueves por los legisladores.