Cada año son miles los presos que salen de las cárceles bonaerenses. Pero resultan pocos comparados con los que entran. Ayer se supo que el sistema carcelario bonaerense aumenta cada mes su población en 300 presos; una tasa de crecimiento que supera la de países con alto número de detenciones como Estados Unidos. En total, hay unos 25.000 presos alojados en los centros de detención de la Provincia.
Según los datos oficiales, entre 1995 y 2003 la tasa de encarcelamiento en la Provincia creció en un 109% mientras que en Estados Unidos en el mismo período aumentó un 19 y en Chile un 73. El otro aspecto saliente es que el 85% de los detenidos son procesados que aún no cuentan con sentencia firme. De éstos, el 75% ni siquiera obtuvo una condena en primera instancia. Y a esto habría que agregarle un dato explosivo: de los 1.829 llamados de presos que recibió la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense a través de su línea telefónica gratuita, la mitad fueron reclamos en relación a sus procesos judiciales.
Hoy por hoy, la población de las 39 unidades del Servicio Penitenciario bonaerense es de 24.996, cifra que dobla la población que existía hace cinco años. Para paliar esta situación, la cartera de Justicia bonaerense planea construir nuevas cárceles y sumar 5.388 nuevas plazas.
Di Rocco salió al cruce de los datos estadísticos diciendo que "los jueces abusan de la prisión preventiva" y que “no utilizan las atenuaciones y otras herramientas legales en delitos que pueden ser excarcelables". Así intentó explicar la superpoblación carcelaria en su distrito, algo que se repite en otras provincias.
Desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia le contestaron al ministro que la aplicación de las últimas leyes de “mano dura” que limitaron los beneficios excarcelatorios, ayudaron a incrementar la población carcelaria de procesados. "Los magistrados tienen pocas posibilidades de impedir la cárcel de los imputados", afirmó el titular de la institución, Alejandro Aispuro. Y agregó:"las últimas leyes aprobadas en la Legislatura han endurecido el sistema de tal forma que es difícil establecer la libertad del procesado".
A partir del aumento de la inseguridad y del “efecto Blumberg”, la Legislatura provincial aprobó varias reformas al Código Procesal Penal, para ampliar los casos donde se niega la facultad de excarcelación.