Los principales aspectos del nuevo esquema judicial son la oralidad del proceso, en audiencia pública que contará con la intervención del juez, el sindicado, el fiscal y la defensa. Para ello se ha fortalecido la formación y capacitación de los funcionarios de la rama, con ejercicios de simulación y práctica y la puesta en marcha del sistema de Defensoría Pública que en su mayoría ya fueron ejecutadas o están en proceso de adjudicación.
Asimismo, se ha contratado la tecnología, infraestructura física, seguridad, descongestión y depuración de procesos. El presupuesto para el nuevo sistema fue tasado en $212.097 millones, pero por razones presupuestarias se redujo a $144.501 millones.
Actualmente Colombia tiene 2.044 despachos judiciales penales que atienden 233.079 procesos penales. Todos los procesos que se adelanten antes del 31 de diciembre de 2004 se regirán por el actual sistema.
En total, son 26 mil millones de pesos que han invertido hasta el momento la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo. El cambio de modelo de justicia penal será gradual hasta 2008, año en el que entrará a operar en todo el país de acuerdo con lo establecido en la ley. Este proceso necesitará una inversión anual de 20 mil millones de pesos, aproximadamente, que están ya asegurados para las próximas vigencias en el Presupuesto General de la Nación.