La DGI piensa que los magistrados del fuero Penal Económico tenemos que estar a favor de ella

DJU: -Existe un permanente conflicto entre la DGI y los jueces en lo penal económico, ¿a que se debe la queja constante?.

L: Los jueces estamos en el medio, y la DGI piensa que los jueces tienen que estar a favor de ella. Los jueces estamos para juzgar, para estar a una "equis" distancia entre lo que pretende el Poder Público que es cobrar o denunciar hechos y los derechos de los administrados de hacer valer también su pretensión o sus derechos a ser juzgados justa y correctamente. Yo creo que la DGI apunta a celeridad cuando ella misma no la tiene. Parte de la ley penal tributaria tiene normas procesales. Supongamos que hoy detenemos gente porque le encontramos doble documentación, todo un "back up" de computadoras que nos expresen efectivamente esta gente está evadiendo impuestos. Detenemos a la gente, la indago, pero no tengo el informe técnico, la precisión fiscal ni los montos evadidos, ni ningún otro dato y por ley tengo que esperar el informe técnico de la DGI que tiene la posibilidad de hacerlo durante 90 días hábiles que generalmente son más. Pero además se cuenta a partir de la intervención de la documentación que es analizar factura por factura o documento por documento con la concurrencia del interesado. Recién dentro de cinco o seis meses se tiene el resultado de lo que pretende la DGI cobrarle a este señor o lo que me dice la DGI que este señor evadió que por supuesto a su vez podrá cuestionar este informe, porque puede ser que lo cuestione. Para empezar a hablar una causa no puede durar menos de seis meses. La ventaja de la DGI en ese sentido es que lo que pretende es cobrar, porque tiene por pago la penalidad. Es decir esta no es una ley hecha sólo para juzgar sino para cobrar.

DJU: Hay casos donde los jueces dirimen si aplican la anterior ley o la ley actual. ¿En que casos se da eso?

L: Tiene que ser un caso donde la evasión o la maniobra se extendió durante la vigencia de la anterior ley y continuó durante la vigencia de esta ley. En esos casos existe la posibilidad de que se aplique la ley anterior, porque es más benigna en su penalidad.

DJU: En esos casos puede ser que el supuesto evasor pague la deuda y por lo tanto pague y termine...

L: Yo tengo causas donde el imputado ha pagado hasta 12 millones de dólares. Ha reconocido la deuda, porque en esos casos es un hombre de fortuna.

DJU: En esos casos lo que permite la excarcelación o la liberación de una persona acusada por la DGI no son los jueces sino es la ley.

L: La ley le permite al hombre a pagar y estar exento de pena.

DJU: ¿Porqué se queja la DGI entonces?

L: Hay causas muy voluminosas, son muy difíciles de investigar, posiblemente sea un cúmulo, nunca es por una sola razón, es decir metodológicamente estos juzgados están desde el año 60 con la misma cantidad de empleados, y son 40 años. Investigamos ahora muchos más delitos, las causas son mucho más complejas, porque este no es un delito donde nosotros encontramos al homicida con el revolver humeante. El evasor no se levanta una mañana y dice "hoy no pago IVA, hoy no pago recuperos, hoy voy a ver si cobro un reembolso de más". Estas son maniobras armadas y no solamente para engañar a la DGI sino para operaciones encubiertas, entonces la tramitación, peritaje contable, peritaje de la documentación etc, hacen que sean mucho más complejas, hacen que se formen sociedades fantasma con personas que son muy difíciles de encontrar o de ubicar porque son personeros y se triangula o se deriva la responsabilidad, entonces no todas son fáciles de investigar, no es uno contra uno como en una causa común. O hay situaciones donde hay mucha complejidad desde el punto de vista tributario, son interpretaciones o buscan el hueco para no pagar el impuesto.

DJU: ¿La ley satisface las necesidades que tienen los jueces para investigar o hay que modificarla?

L: Los jueces no estamos en la lucha contra la evasión. En la lucha contra la evasión está la DGI, nosotros estamos para juzgar los casos que nos trae la DGI. Pero yo creo que la DGI ha hecho una ley a su saber y entender, que no le es beneficiosa porque los tipos son difíciles, tiene errores; el informe técnico a 90 días, demora muchísimo al igual que la tramitación de cualquier sumario de tributario. Creo que habría que hacer una revisión para darle mejores armas a la DGI para poder trabajar directamente con la investigación y de tal manera que para cuando llegue acá investigada esté mucho más completa la cuestión para que los jueces actúen mucho más rápido. Hay que darle armas a la DGI, más que a los jueces, los jueces tenemos las suficientes armas para juzgarla.

DJU: ¿La creación de la Unidad de Investigación que está integrada por gente de la DGI, es una solución o un parche?

L: Todo suma aunque no sea la solución, fundamentalmente pienso que necesita mejores instrumentos para poder hacerlo, noto una mora en las resoluciones y en los informes técnicos de la DGI que al tener tantas denuncias, también ellos están cargados de trabajo. No es que estamos cargados solamente nosotros. Está cargado el organismo estadual. Tendría que tener algo más de eficiencia pero a su vez creo que debería contar con más medios técnicos (la DGI) para poder luchar contra este flagelo.

DJU: ¿Y porqué cree que se enoja el titular de la DGI, Carlos Silvani quien sostiene que los jueces no investigan, que son morosos?

L: Creo que Silvani es un hombre temperamental, en primer lugar; bien intencionado pero mal informado.

DJU: ¿Y cómo se soluciona este tema?

L: Quizá reuniéndose en una mesa a discutir, los legisladores, la gente del Poder Ejecutivo, buscando la mejor solución legal para poder combatir la evasión.

DJU: ¿La creación del Fuero Penal Tributario puede llegar a ser la solución?

L: Creo que la creación del Fuero Penal Tributario es una solución en la medida que se acopla al sistema actual. Si como dice la calle, la DGI quiere nombrar a los jueces, o influir sobre la designación de algunos jueces o sobre algunos postulantes sería muy preocupante. En la medida que ampliemos el fuero o lo mejoremos se podría llegar a la misma solución. No hay duda que es necesario. Nosotros teníamos en algún momento contadores especiales adscriptos al fuero, cosa que fue dejado de lado. Hoy los jueces penales económicos tenemos mucho más trabajo y menos medios que antes. En materia de contrabando le doy un dato estadístico: hay 6.000 millones de dólares de comercio exterior en el año 90 y 20.000 millones hoy, en el 2000 y nosotros no tenemos cuatro veces más juzgados.

DJU: ¿El numero de evasión ha aumentado mucho en estos últimos años?

L: Las grandes denuncias no son muchas, yo llamo grandes denuncias a volúmenes importantes de dinero, todas las causas son importantes pero hablemos de volumen que es lo que le interesa a la DGI como organismo recaudatorio. No hay grandes denuncias y pienso que hay mucha más evasión, en el país no se paga como se tendría que pagar.

DJU: ¿Y esto como juez de la materia a qué se debe?

L: A la poca incentivación al pago, a la expectativa de la gente de no tener algún problema, a acogerse a una moratoria futura cuando se ve descubierto. Por ejemplo quien estaciona mal especula a que no se lo lleve la grúa. En la medida que la grúa sea eficiente. Si la grúa es eficiente en un 100 por 100 de los casos, nadie estacionaría mal.

DJU: ¿Hay iniciativas del gobierno a convocar moratorias a las que la gente no se adscribe?

L: Va en función del ingreso económico de la gente y de la actividad económica. Yo no puedo aplicar más IVA si se vende menos, evidentemente apretando solamente a los que pagan no es la mejor solución porque no hay tanto para lograr éxito en eso. Habría que lograr que la base se amplíe con más gente que pague y en que esté en condiciones económicas a pagar.

Tengo un caso de fines de octubre del año pasado, y a partir de una cuestión de competencia que planteó la propia DGI, que al principio había hecho una denuncia en federal cuando era un tema de penal económico, pero ellos quisieron colocar la denuncia en federal y luego no sé porque motivo, después de tres años de expediente y 28 cuerpos, decidieron que era un tema de penal económico y plantearon esa cuestión que tuvo acogida favorable en la Cámara que a su vez también cambió su criterio porque había mantenido su competencia en federal, los dos cambiaron de criterio, la DGI como la Cámara Federal y a partir de allí tuve que certificar un montón de causas que están tramitando en el fuero que son múltiples denuncias que tienen los frigoríficos o los consignatarios o los usuarios de matrícula en este fuero, para ver cual era el más antiguo y cual era la causa conexa, sin perjuicio de lo cual, recién en abril estuve en condiciones de declarar la competencia del fuero y a partir de ahora empezar a investigar de nuevo con las pautas de la ley penal tributaria y no con las de defraudación al fisco que son mucho mas amplias. En esa causa está procesado Samid y alrededor de nueve personas más por los delitos de asociación ilícita y defraudación al fisco.

DJU: ¿Por asociación ilícita tendría que estar detenido?

L: Ese es una cuestión que la DGI ya le planteó a la Cámara Federal. La Cámara Federal no hizo en su momento lugar a la jefatura del señor Samid y le recordó a la DGI que ni siquera está indagado por ese hecho, cosa que hay que hacer luego de tomar todas las medidas que la propia Cámara Federal en su momento a mediados del año pasado dispuso que se hiciera más otras que correspondan. La Cámara en su momento no decretó la jefatura de Samid, pese a lo que pedía la DGI.

DJU: ¿Hay una campaña en contra de los jueces en lo penal económico?

L: Nosotros somos cuestionados en la manera que no le damos la razón al organismo estadual, porque yo no escucho quejas de gente que querelle por cheques ni de la Aduana porque dice que somos ineficientes en la investigación contra el contrabando, parece que al único o que no le hacemos caso es a la autoridad de la DGI, de los únicos que yo escucho quejas. Ellos no logran lo que pretenden, ahora hay que ver si lo que ellos pretenden es justo.

DJU: ¿Tiene las herramientas suficientes para juzgar los delitos de evasión?

L: Creo que necesitaríamos un apoyo técnico percial contable como teníamos antes que teníamos dos para los 8 juzgados, luego se habían creado por ley seis cargos más en su momento, esos seis con los dos hacían un contador por juzgado que nos sería de suma utilidad.Pero sin embargo esos peritos pasaron a la Corte y forman ahora todo el cuerpo de contadores de la Corte.

DJU: ¿Los jueces de primera instancia se sienten apoyados?

L: Parecería que somos una asociación ilícita de jueces que le impedimos a la DGI trabajar, porque casi todos los jueces de primera instancia estamos cuestionados por nuestra supuesta mora, sin embargo la Cámara que revisa todas nuestras actuaciones, ya sea por querella de la DGI, por apelaciones del fiscal o por apelaciones de las partes nunca ha cuestionado nuestra actuación de ninguna manera. Nosotros en ese aspecto nos sentimos absolutamente respaldados por la Cámara que nunca ha hecho una observación sobre la supuesta poca actividad de los juzgados de primera instancia y permanentemente revisa toda nuestra actuación en todos nuestros expedientes. Creo que hay una unidad de bloque bastante eficiente.

Creo que la DGI dotada de mejores herramientas para luchar contra la evasión y nosotros para poder juzgar los casos que nos vienen a conocimiento y creo que seria plausible que la Aduana y la DGI se vuelvan a separar sin perjuicio del proceder de la información. Me parece que esta yuxtaposición de funciones no ha sido brillante en sus realizaciones o en sus consecuencias.

DJU: El contrabando le preocupa al Gobierno.

L: Esa preocupación me parece importante porque realmente hay que hacer una renovación de cuajo no sólo de la legislación sino de la forma de contralor. Hoy en día casi no tenemos procedimiento de policía aduanera, hay que reformularla, hay que darle nuevos elementos. No nos olvidemos que la renta de Aduana es uno de los pilares de la economía según la Constitución, no según nuestra opinión, y la recaudación aduanera es una de las bases de la forma de recaudar del Estado. En la medida que el Estado recaude más “aduaneramente”, que los controles sean más severos, que los elementos de valoración trabajen bien, el Estado va a tener muchos más recursos genuinos para poder disminuir la presión tributaria a otros puntos de los consumidores.