Para el Colegio, el Consejo de la Magistratura, seis de cuyos integrantes soportan actualmente un juicio político en el Legislatura, debe “administrar” el Poder Judicial y "traer a la mano de quienes juzgan, de quienes postulan y de quienes asisten a unos y otros, los elementos necesarios para esas funciones". "Son los actos de gobierno los que reflejan el sentido de la voluntad política que los domina. Por tanto es anterior a ellos definir la concepción del Poder Judicial que pretendemos ofrecer a los ciudadanos de Buenos Aires, para que sea respetable y respetado", añade un documento al que tuvo acceso este medio.
El Colegio reclamó al Consejo local que "debe adoptar ahora decisiones que conduzcan a remover las causas que generaron el actual estado de cosas, para evitar que se repitan, cíclicamente, situaciones de emergencia". "Quizás ello exija volver sobre decisiones anteriores, erróneas a la luz de sus resultados; quizás, también, sea preciso que el Consejo se abra a un diálogo honesto y respetuoso con los sectores involucrados. No hay gestión posible de la cosa pública que repose en la negación al diálogo y en la falta de decisión de lo esencial y prioritario", advirtió.
Entre las cuestiones que merecen una solución urgente, el Colegio dijo que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad está "sobredimensionado y burocratizado” ya que hay casi 500 funcionarios y empleados para administrar un Poder Jurisdiccional compuesto por 729 magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados.
Además, los funcionarios e integrantes del Ministerio Público denunciaron que existe "un Fuero Contencioso Administrativo y Tributario desbordado por la enorme cantidad de expedientes en trámite y por iniciarse, sin una estructura edilicia que permita albergar dignamente sus distintas dependencias, sin personal en cantidad suficiente para satisfacer el cúmulo de tareas, y con alta carencia de insumos básicos". La situación del Fuero Contravencional y de Faltas no es mejor: según el comunicado emitido “no ha sido completamente constituido”, pese a que se le sumaron nuevas competencias; “carece de secretarios de actuación designados definitivamente por la demora en culminar los concursos públicos iniciados hace cuatro años; carece de edificios propios donde puedan funcionar adecuadamente”; y “no cuenta con las plantas de funcionarios y empleados reglamentariamente previstas”.
También el Colegio señaló la "falta de la total integración del Ministerio Público y la carencia de instalaciones y personal en número adecuado para responder a las necesidades del servicio". A ello, dijo, se suma "una situación de conflicto laboral que, reiteradamente, generó medidas de fuerza , la última desde mediados de noviembre del corriente año”
"Nuestro Colegio está dispuesto a formular propuestas sobre qué hacer al respecto, y ponerlas a consideración de todos los sectores involucrados. De la misma forma, ofrece su cooperación para evaluar toda medida que tienda a resolver definitivamente esas cuestiones, para bien del Poder Judicial en su conjunto", concluye el documento.
Por otra parte, el Colegio manifestó su preocupación por el caso del juez Roberto Andrés Gallardo, sometido a la investigación del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires en el Expediente Nº 252/2004. “Los mecanismos institucionales diseñados para garantizar el buen desempeño de los Jueces deben ser utilizados con la mayor prudencia, para prevenir que sirvan de vías de presión que afecten esa independencia”, advirtieron sus integrantes.
La denuncia fue realizada por Ernesto Caballo, secretario gremial de la Asociación de Agentes de Loterías y Afines de la Republica Argentina y empleado del casino flotante. El motivo fue una medida de no innovar a la que el juez hizo lugar, y que, en la práctica, anuló un convenio firmado por la Nación y la Ciudad por la cual se distribuirían en partes iguales lo recaudado por los juegos de azar en el ámbito de la Ciudad. La comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, que se encarga de la primera etapa del proceso de remoción, declaró procedente la denuncia por mal desempeño el 18 de noviembre pasado mediante la resolución 77/04.
Ambos comunicados fueron firmados por varios de los miembros de la Comisión Directiva provisoria del Colegio. Allí figuran, Alejandra Petrella (presidenta y juez del fuero Contencioso Administrativo y Tributario), Fernando Lodeiro, Fernando Caunedo, Matilde Cerutti, Elsa Miranda, Antonio Gariglio, Carlos Rolero, Mariano Pico Terrero, Mariana Pucciarello, José L. Said, Juan V. Cataldo, Marcelo Vázquez, Fernando Juan Lima, Paula Vaca, Marcela Millan y Gonzalo Marconi.