Con respecto al proyecto de Casas de Justicia, que lanzó recientemente el Ministerio de Justicia Derechos Humanos de la Nación, la funcionaria aclaró que “tiene por objeto poner a disposición de las personas de menores recursos de la sociedad, en forma gratuita, servicios de orientación, de asistencia jurídica, de mediación, de atención social, y de derivación, si corresponde; y en todos los casos, en el seguimiento responsable del caso hasta encontrar una solución satisfactoria para la gente”.
”En la actualidad existen grandes limitaciones para el acceso a la justicia por parte de los sectores más marginados de la sociedad. Esto ocurre, entre otras cosas, porque las personas no conocen los derechos que las asisten ni los mecanismos institucionales para hacerlos valer, porque los procesos judiciales son costosos, complejos y largos, y porque las distancias entre las zonas más carenciadas y los tribunales u otros recursos jurídicos son por lo general muy extensas”, agregó María José Rodríguez.
A la fecha ya se abrieron al público dos Casas, una en la localidad de General Pico, Provincia de La Pampa y otra en Guaymallén, provincia de Mendoza. Está previsto que durante el mes de febrero se inauguren nuevas Casas de Justicia en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, y en Cipolleti, provincia de Río Negro. Durante el mes de marzo se proyecta la apertura de una Casa en la localidad de Tafí Viejo, provincia de Tucumán y se está evaluando la posibilidad de abrir otra en la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Para la elección de cada una de las localidades del interior del país se eligieron lugares “estratégicos”, que se encuentren al alcance de los sectores sociales que presentan necesidades más apremiantes, y que estén alejados de las cabeceras departamentales. Además se buscó respetar las diferentes idiosincrancias del norte, sur, este y oeste del país.
Con respecto al proceso de selección y designación de magistrados durante el 2004, la secretaria de Asuntos Legislativos
resaltó la designación de 52 magistrados y funcionarios de los tribunales inferiores, entre jueces, defensores y fiscales. “Quedan pendientes 27 concursos, de los cuales, y atento a la feria judicial, en los primeros días del mes febrero podrían ser elevados con sus propuestas respectivas aproximadamente 25 concursos”, adelantó. Además manifestó que el objetivo para el 2005 es agilizar al máximo posible la cobertura de las vacantes.
Haciendo un balance de su tarea en el cargo que ocupa en el Ministerio de Justicia, la funcionaria resaltó que “se han abierto canales de comunicación muy fluida con el poder judicial y con las instituciones que nuclean a sus integrantes”. “La Secretaría está muy atenta a las problemáticas que afectan o se vinculan con la administración de
justicia y con la necesaria independencia que debe siempre preservarse”, dijo.
Por otra parte, María José Rodríguez sostuvo que tanto el Registro de la Propiedad Inmueble como la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios “estudian y adoptan constantemente medidas para mejorar el servicio y fortalecer la seguridad jurídico registral, la transparencia y la mejora de la recaudación del sistema registral”.
Asimismo, la funcionaria que llegó a la cartera de Justicia de la mano de Horacio Rosatti resaltó la ejecución del tramo final de la elaboración del
Digesto Jurídico Argentino, que consiste en un análisis académico que culminará con la entrega de los textos completos definitivos de las normas jurídicas analizadas.
Por último, la secretaria anticipó la inminente puesta en funcionamiento del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos creado por la Ley Nº 25.854, y que “se está examinando la actualización y adecuación de la Ley Nº 11.723”. Respecto de este tema, existe una Comisión de especialistas que presentará un anteproyecto final para ser considerado por el Ministro de Justicia durante el primer cuatrimestre del año en curso.
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