La ex funcionaria, Patricia Bullrich se apersonó en el Palacio de Tribunales para efectuar una denuncia, en el marco de la causa que sigue la jueza María Angélica Crotto por la tragedia de República de Cromagnon. En la presentación denuncia al Jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, a Héctor Constanzo –ex funcionario-, Martín Ocampo, Orlando Yans –de la Legislatura de la ciudad-, Luis Di Pace –del Instituto de la Vivienda de la ciudad- y al Jefe de Gabinete de Ministros de la ciudad, Raúl Fernández, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento por omisión de denuncia. Dice tener conocimiento de que Ibarra había recibido un informe de la Defensoría del Pueblo que daba cuenta de la falta de habilitación del boliche en cuestión y aún así omitió efectuar la respectiva denuncia. Además, ha ofrecido varios testigos, que a la sazón son gerentes de los cuatro establecimientos situados en Coconor (Garnier, Rodizio, Pachá y Pizza Banana) quienes dicen haber sido presionados por este grupo de personas –excluyendo a Ibarra-, para pagar dádivas a cambio de poder continuar con el contrato para la explotación de sus negocios. Los representantes de las dos discos y los dos restaurantes lograron filmar el momento en el que pedían las coimas, video al que accedió Ibarra y el cual le provocó un supuesto infarto a Constanzo y por lo que fue alejado de sus funciones, más nunca fue denunciado por el Jefe de Gobierno.
El crimen del ex senador Maders
Con el testimonio de dos personas se reanudó hoy en Córdoba el juicio oral y público contra el ex policía Oscar Hugo Síntora, único imputado por el crimen del ex senador provincial por la UCR Regino Maders. Finalizada la feria judicial, la Cámara Primera del Crimen, que preside Lorenzo Víctor Rodríguez y que integran otros cuatro miembros, entre ellos dos jurados populares, siguió indagando hoy sobre el camino que siguió el arma que asesinó al dirigente radical y que -según las pericias- pertenecería al acusado Síntora. El abogado de Síntora, Manuel Calderón, confirmó esta mañana que seguramente las partes descartarán algunos de los 300 testigos que iban a desfilar por Tribunales, al entender que "muchos de ellos no serán citados, porque no son necesarios para el esclarecimiento del hecho". De todas maneras, explicó que para la definición del juicio, "aún resta un largo camino por recorrer", aunque agregó que, "a mi criterio, en agosto o en septiembre (próximos) puede haber novedades". Una vez que la Cámara concluya con la investigación sobre la ruta del arma que mató a Maders, desfilarían por la sala de audiencias dirigentes del radicalismo que fueron pedidos como testigos por las partes, entre ellos el titular del Comité Provincial, Carlos Becerra.
Inauguran laboratorio de ADN especializado en la resolución de crímenes
La policía de Río de Janeiro inauguró hoy el primer laboratorio local de ADN destinado exclusivamente a la resolución de crímenes. Instalado en la Academia de Policía de Río, costó unos 770.000 dólares, con él se intentará ampliar la tasa de resolución de homicidios en ese estado brasileño, que actualmente es de solamente el 7 por ciento. La expectativa es que los exámenes simples de ADN estén terminados en 24 horas y que la bajísima tasa de resolución de homicidios aumente en forma considerable. Hasta ahora las autoridades debían recurrir a laboratorios particulares para realizar los exámenes de ADN imprescindibles para la identificación de cadáveres carbonizados o para resolver crímenes de violación. El director de la Policía Técnica, Roger Ancillottiexplicó que elementos dejados en la escena del crimen, que antes eran descartados, como colillas de cigarrillos y cabellos, ahora podrán ser analizados", explicó.
Falló la salud
Un tribunal español condenó a la Sanidad de Valencia, a indemnizar en 24.000 euros a un hombre que se enteró dos años después de practicarse análisis clínicos que sufría hepatitis B y C. Según consta en el pronunciamiento el hombre se realizó estudios en un hospital en junio de 1994, pero recién en 1996 y a raíz de un examen laboral se detectó que hacía años que sufría esas enfermedades. El particular que trabaja en Telefónica, cuando se enteró de su cuadro de salud, se dirigió al centro asistencia en donde se había sometido a estudios en 1994 y comprobó que los análisis de hepatitis habían dado positivo, pero que no se lo comunicaron. La sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Superior Tribunal de Valencia consideró que al no comunicar al afectado los resultados de esos estudios cuando se conocieron, los servicios médicos del hospital cometieron "un gravísimo error" por "irresponsabilidad, desidia o defectuoso funcionamiento del sistema sanitario".