Diariojudicial.com: A nivel nacional ¿Cómo vio el sistema de administración de justicia durante el año 2004?
Jorge Nanclares: No puedo brindar precisiones porque sólo lo conozco a nivel de información periodística. Es auspicioso que se haya integrado la Corte Suprema de Justicia de la nación. Sin embargo fue lenta su recomposición, fundamentalmente la de la Dra. Carmen Argibay.
Dju: ¿Y en la provincia de Mendoza?
JN: Tenemos una justicia que todavía tiene tiempos del siglo pasado, pero no hay corrupción judicial y funciona aceptablemente. Necesita adaptarse a los nuevos tiempo y tener mayor compromiso para responder a los requerimientos de la sociedad.
Dju: ¿Cuáles son las necesidades de la justicia provincial que deben priorizarse?
JN: Las necesidades de priorización de la justicia provincial debe ser antes que nada la implementación del Código Procesal Penal en su segunda etapa y en la aplicación y vigencia total. También debemos trabajar en la agilización de procesos y de procedimientos. La duración de los mismos es excesiva aún frente a los requerimientos de la sociedad actual. Hay que completar la adquisición de requerimientos informáticos, sobre todo software de gestión. Para este año tenemos el desafío de sistematizar la gestión de la justicia civil. También hay que optimizar el uso de los recursos a través de la introducción de conceptos de ingeniería de procesos y auto análisis en los juzgados de las razones de la demora y buscar su acortamiento. Ello supone una intensa relación de armonía, trabajo en equipo entre el juez, secretario, prosecretario, funcionarios y empleados. Un liderazgo muy fuerte del primero y comprometido con la intención de la reforma. Exige un verdadero compromiso y este es el desafío.
Dju: Funcionalmente ¿cómo se encuentra trabajando el Superior Tribunal de Justicia de Mendoza?
JN: Se encuentra trabajando relativamente bien. Como tribunal está resolviendo sus sentencias dentro de los plazos legales, pero la duración de los procesos es muy extensa. Es un tribunal más, al que hay que aplicarle los mismos conceptos de gestión que cualquier otro. Institucionalmente tiene una sobrecarga de tareas: es tribunal de sentencia, cabeza de poder y gobierno del poder judicial, jury de enjuiciamiento, junta electoral de la provincia y preside el Consejo de la Magistratura. Por otro lado hay que reestructurar ciertas facultades en punto a la superintendencia y a un esquema de sanciones menores, ya que en la actualidad o se lo destituye con el jury o sólo se le aplica apercibimiento, careciéndose de un esquema de mayores alternativas que pueden producir efectivamente un correctivo eficaz.
Dju: ¿Qué opina acerca de quitar competencias en determinados temas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación?
JN: Es imprescindible reestructurar las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, a la manera de Estados Unidos mediante el right of certiorari y la selección de los casos de verdadera trascendencia institucional, cerrando al efecto los criterios amplios de admisibilidad del recurso extraordinario por arbitrariedad y que no sea, como suele ser un tribunal de instancia, sino limitado a esos casos de verdadera trascendencia constitucional. En todo caso la arbitrariedad podrá tratarse en tribunales de casación o a través de plenarios de cámaras que unifiquen la jurisprudencia ordinaria.
Dju: ¿Qué opinión tiene acerca de la última reforma al Código Penal?
N.J.: Sobre la sanción del art. 67 del C.P. no es prudente formular apreciaciones políticas sobre una decisión que se toma en un poder ajeno al Poder Judicial. Y sobre el que eventualmente se deba emitir un fallo al respecto. Sobre el tema de la prescripción de la acción penal y el concepto de secuela de juicio, la Corte local tiene una posición muy definida. Dju: ¿Cómo se ha visto desde los tribunales del Interior la nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación?
JN: Se avista con complacencia, en la medida en que hay una composición equilibrada entre jueces y abogados, mujeres y varones, hombres de Buenos Aires y del interior y todos de reconocido prestigio. Se ha contemplado un pedido expreso de la Junta Federal de Cortes de designar un juez que ejercía la profesión en el interior del país, el Dr. Ricardo Lorenzetti.
Dju: ¿Cree que se haya logrado una nueva Corte adicta?
JN: Es muy prematuro hacer un calificativo de tal entidad. Las Cortes deben tener un adecuado equilibrio e independencia de criterio, lo que sólo podrá advertirse en el tiempo. Las cortes no pueden ser ni oficialistas ni opositoras, deben velar por sobre todo por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales de los habitantes.
Dju: ¿El proceso de selección de los miembros del Superior Tribunal de Mendoza guarda similitud al creado por el decreto 222/03 para la Corte Suprema de Justicia?
JN: El proceso de selección del tribunal Superior de Mendoza es constitucionalmente el sistema tradicional de propuesta del Poder Ejecutivo y aprobación del pliego por el Senado de la Provincia. De todas maneras, en la actualidad a la propuesta del Poder Ejecutivo debe agregarse un periodo de tachas y una audiencia pública, donde se somete al candidato a las inquietudes de los asistentes. Así se ha hecho la designación del Dr. Pérez Hualde.
Dju: ¿Cuál es su opinión acerca de que existan diferentes criterios de selección a lo largo del país? ¿No sería conveniente adoptar un criterio uniforme?
JN: En un país que es federal es natural que puedan existir diferentes criterios de selección. De todos modos, en general se ha ido imponiendo el Consejo de la Magistratura como modo de selección de los jueces y queda un resabio del sistema tradicional para los ministros de Corte. El sistema de Consejo de la Magistratura si bien mejora el proceso de selección por habilidades y antecedentes, hace más engorroso el procedimiento y tienen como inconveniente un alargamiento exagerado en los procesos de selección. Hay una tendencia a la burocratización del trámite y un alargamiento de los plazos de vacancia y de nombramiento de los sustitutos.