El juez federal Norberto Oyarbide convocó al ex presidente Carlos Menem a prestar declaración indagatoria para el miércoles próximo, en la causa por la que estuvo prófugo y en la que se investiga la presunta omisión maliciosa en su declaración de bienes. La causa se había iniciado a mediados del 2002 luego de que el ex presidente admitiera tener una cuenta en Suiza. Lo había dicho en una entrevista con el canal de noticias estadounidense CNN. El juez no encontró elementos suficientes en esa causa y le dictó la falta de mérito, pero la Cámara Federal no solo revocó esa decisión sino que procesó al ex presidente y le ordenó al juez interrogar al sospechoso con las nuevas pruebas del expediente.
Reforma penal integral
El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) consideró a raíz de la sanción de la ley 25.990 -modificatoria del art. 67 del Código Penal – que quedaron evidenciadas las fallas estructurales, tanto en el sistema de tratamiento legislativo de leyes de trascendencia pública, como la falta de transparencia y eficiencia judicial existente en las causas penales de relevancia social. “El tema de la prescripción penal no sería un problema si el sistema judicial funcionara medianamente bien y la instrucción penal no fuera de hecho un procedimiento sin límites de tiempos”, explicó el Dr. Juan Rodríguez Estévez, miembro de Fores. Por eso, consideramos que es hora de que se encare una sistemática y profunda reforma judicial en el ámbito del enjuiciamiento criminal, para evitar las demoras que juegan con la vida de las personas implicadas”, enfatizó Rodríguez Estévez. “La ciudadanía debe conocer los motivos de los retrasos y si estos obedecen a razones atendibles. Esto significa que se debe ahondar en la reforma y reglamentar las causales de mal desempeño de los magistrados, frente a los casos que prescriban, como Fores ha propuesto en repetidas oportunidades”. Fores considera que el duro cruce de acusaciones entre los legisladores y los magistrados, generándose reproches mutuos, sólo ha logrado confundir a la ciudadanía, transmitiendo la sensación de que nuevamente la clase política está buscando la impunidad por medios alternativos.
Renuncia
El Defensor General de la Nación, Miguel Romero aceptó la renuncia en forma definitiva presentada por Juan Antonio de Erausquin al cargo de Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Viedma (Provincia de Río Negro), a partir del 1º de marzo del corriente año, en virtud de habérsele otorgado el beneficio jubilatorio.
Derecho a la información
El presidente de la Suprema Corte de Justicia santafesina, Rafael Gutiérrez, se ha comprometido frente a una delegación del Sindicato de Prensa de Rosario a que “no se repitan” en el ámbito de la Justicia provincial hechos que limiten el trabajo periodístico y afecten el derecho a la información de ciudadanos. También se acordó una reunión para destrabar la prohibición del ingreso de los periodistas a los remates públicos en Rosario. La audiencia había sido pedida para expresar el enérgico rechazo por el desalojo que hizo la policía, invocando órdenes de la Corte, de los trabajadores de prensa que en el hall de entrada de los Tribunales santafesinos cubrían las actividades de la Comisión Investigadora No Gubernamental de los Hechos de Diciembre de 2001. El presidente del máximo tribunal de la provincia dijo que realizará un “instructivo” para los funcionarios judiciales que se traslade a la policía que está en el edificio a fin de que “no se repitan” situaciones como la de fin de año.