La entidad representa a los graduados en Ciencias Económicas de la República Argentina, nucleados en los 25 Consejos Profesionales que la componen, sosteniendo desde los inicios de la reforma una postura crítica, que extienden incluso hacia los proyectos que se encuentran en tratamiento actualmente en sesiones extraordinarias.
Al respecto cabe recordar que por decreto 50/2005 que concovó a sesiones extraordinarias, se incluyó como tema a tratar durante las mismas, el proyecto presentado por el ejecutivo por el cual se propone la sustitución de los artículos 18 y 19 de la Ley Nº 24.769 , a fin de optimizar los recursos materiales y humanos de los Tribunales de Justicia y de la AFIP. Sobre el punto, la entidad critíca la terminología "convicción administrativa" por otorgar demasiada discrecionalidad al funcionario actuante.
En la reunión los representantes de la FACPCE transmitieron sus preocupaciones, principalmente sobre la figura de la asociación ilícita y la referida al inc. b del art. 15 de la ley 24.769 (ref. por la ley 25.874) que establece que el en caso de concurrencia “con dos o más personas para la comisión de alguno de los delitos tipificados en esta ley, será reprimido con un mínimo de 4 años de prisión” lo que en principio significa que estos delitos serían no excarcelables.
Del encuentro participaron los integrantes de la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico Edmundo Hendler, Juan Bonzon y por la Sala B, Roberto Hornos y Marcos Grabivker (Nicanor Repetto y Carlos Pizzatelli se encuentran de licencia por su actuación durante la feria) En tanto por la FACPCE, estuvieron presentes su presidente Miguel Felicevich, el vicepresidente 2º de la entidad, Adolfo García y la asesora legal de la federación, Teresa Gómez.
La entidad hizo entrega a los magistrados de un documento titulado “Funciones y Responsabilidades del Contador Público” que surgió de una resolución conjunta de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y de la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas a través del cual los representantes de la entidad fijan las responsabilidades que le caben en orden a la legislación civil, comercial y penal vigentes, así como las administrativas especiales.
En comunicación con este medio, el presidente de la FACPCE Miguel Felicevich destacó la predisposición de los integrantes del tribunal en la reunión, a la vez que señaló que la finalidad era "plantear nuestra posición, comentar las reformas a la ley penal tributaria a la vez que se entregó un documento en el cual se precisa el marco de actuación del contador público".
Sobre las reformas a la ley penal tributaria sancionadas últimamente comentó Felicevich que la crítica apunta a que el inc. b del art. 15 no precisa de manera concreta los hechos ilícitos por los cuales se aplica, sino que lo hace manera genérica. En este sentido añadió que participaron de la preparación de un proyecto de ley -modificatorio del inc. b del art. 15- presentado por el diputado Victor Cisterna que apunta a crear tipos penales concretos y distintos, tales como el que castigue la provisión o intermediación en la venta o entrega de facturas apócrifas a terceros y diseñar, vender o emplear softwares que adulteren los controladores fiscales de maquinas registradoras, entre otros.