La Asociación de Magistrados y Funcionarios hizo saber hoy su enérgico repudio por el atentado armado concretado durante la madrugada contra el domicilio particular del Secretario de la Fiscalía en lo Penal Económico Cesar Cabrera, así como también por las amenazas y molestias anónimas que vienen soportando tanto dicho funcionario como la titular de la Fiscalía, María Gabriela Ruiz Morales. En consecuencia expresaron que estos “arteros ataques, que resultan intolerables en una sociedad civilizada y en un estado de derecho, se enmarcan dentro de una gama de conductas que pretenden afectar el normal desarrollo de la elevada misión que están llamados a ejercer los integrantes del Ministerio Público de la Nación; y que lejos de afectarla, no hace sino fortalecer su ejercicio en la convicción de las responsabilidades que son propias de la función”. Por último, exigieron el pronto esclarecimiento de estos hechos y la debida e inmediata protección de la seguridad de los nombrados integrantes del Ministerio Público.
Libertad
La Cámara de Apelaciones de Dolores dispuso la inminente libertad de Gustavo González, uno de los acusados por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. Antes deberá pagar 20 mil pesos de fianza. Sería el segundo de los condenados por el crimen de Cabezas que queda en libertad. Según fuentes judiciales, el tribunal consideró que contemplando “doble” los días que permaneció sin sentencia firme, González cumplió con la condena a prisión perpetua que le impuso el tribunal oral de Dolores, aunque efectivamente estuvo preso poco más de nueve años. De esta manera, la Cámara reiteró el planteo por el cual liberó hace dos meses a José Luis Auge.
Imprescriptibilidad
En los próximos días, la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA, que encabeza el fiscal Alberto Nisman, junto a Marcelo Martínez Burgos, presentará ante el jefe de gabinete, Alberto Fernández, un anteproyecto de ley de imprescriptibilidad de los actos de terrorismo. La iniciativa alcanza a los representantes de la autoridad del Estado que pudieran haber entorpecido, desviado o obtruido la investigación del ataque contra la mutual judía.