04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Más procesamientos en la causa Cromagnon

La justicia ordenó el procesamiento de Raúl Villareal con prisión preventiva y un embargo de 57,6 millones de pesos. Además se trabó embargo por 20 millones de pesos al manager de la banda Callejeros, Diego Argañaráz y al encargado de la seguridad del boliche Lorenzo Bussi, ambos procesados por homicidio culposo. No obstante, éstos últimos quedarán en libertad.

 
El magistrado a cargo de la causa de la tragedia en el boliche República de Cromagnon, Marcelo Lucini, resolvió hoy procesar a Raúl Villareal y le dictó la prisión preventiva por el delito de homicidio por dolo eventual –misma figura penal que se le achaca a Omar Chabán-, además de trabarle un embargo de 57.600.000 pesos.

De esta forma, Villareal se convierte en el segundo detenido por el incendio. Según el magistrado “está acreditado” que era la “mano derecha” de Chabán y que tenía una “presencia” permanente en el lugar que lo ubican como una suerte de encargado del local.

Asimismo, se pudo establecer que en ausencia de Chabán era Villareal quien asumía las funciones de jefe -con quien además se sabe que lo unen “20 años de amistad”- lo cual determinó que Villareal tenía en Cromagnon un “poder de decisión”, ya que la importancia de este –según entiende Lucini- llegaba al punto que si él no estaba en el local “no abría”, lo que lo lleva a sostener que debía “conocer” que la salida de emergencia estaba cerrada con el peligro que ello implicaba al realizar recitales multitudinarios en un lugar cerrado.

Por medio de la misma resolución, Lucini procesó por el delito de homicidio culposo a Diego Argañaraz y Lorenzo Bussi, -manager de Callejeros y encargado de seguridad que la banda contrató la noche de la tragedia, respectivamente-, y les fijó un embargo de 20 millones de pesos. Sin embargo, ambos quedarán en libertad por ser un delito excarcelable.

Según explicaron fuentes judiciales, se ha acreditado que Argañaraz se encargó de contratar al personal de control que la noche de la tragedia se ocuparía de las tareas de seguridad en el boliche. Fue así que Bussi fue contratado para dichas tareas controlando y revisando a las personas que ingresaban al recital.

Además, Lucini cuestionó a Argañaraz que ese fatídico 30 de diciembre vendió 3.500 entradas cuando el lugar estaba habilitado para solo 1.035 personas. Asimismo el magistrado señaló que la banda puso demasiado hincapié en controlar el ingreso de personas, y en cambio se despreocupó completamente del egreso, al no controlar por ejemplo que las salidas de emergencia estuvieran en condiciones óptimas.

La resolución hace hincapié también en el hecho de que una vez que la banda se vio “superada por la situación” y pese a las advertencias de Chabán por el alta voz contra los jóvenes que encendían bengalas en el lugar, Callejeros “no desistió” y decidió continuar con el show. Por ese motivo el juez tuvo en cuenta que Argañaraz debió haber tenido en cuenta que Callejeros era un grupo “de riesgo” por el uso “constante de bengalas por parte de sus seguidores”.



dju / dju
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