Por medio del decreto 206/1005 el Presidente Néstor Kirchner y el Ministro de Justicia Horacio Rosatti autorizó el traslado del titular de la Vocalía Nº 9 de la Sala “C” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, José Luis GALMARINI, a la Vocalía Nº 16 de la Sala “F” de dicho Tribunal cargo que se encuentra vacante en virtud de la designación de la doctora Elena Inés Highton De Nolasco como Juez de la Corte Suprema De Justicia De La Nacion, mediante Decreto Nº 752 del 17 de junio de 2004.
La solicitud de traslado peticionada había sido analizada por el Consejo de La Magistratura en su sesión plenaria de fecha 5 de agosto de 2004, en la que consideró conveniente que el traslado solicitado se efectúe una vez cubierta alguna de las vacantes existentes en la SALA “C” de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.
No obstante, ahora tanto la Cámara Nacional Civil como la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de La Magistratura ha emitido una opinión favorable al acogimiento del pedido del magistrado en razón de que una de las vacantes señaladas en la SALA “C” del aludido Tribunal fue cubierta merced a la designación del doctor Luis ALVAREZ JULIA, mediante Decreto Nº 1892 del 22 de diciembre de 2004.
Desestimación
En el acuerdo semanal que lleva a cabo la Corte Suprema se desestimó una queja deducida por la defensa de Marcos Saúl contra la resolución de la Cámara Federal de esta Capital, que confirmó su procesamiento sin dictarle prisión preventiva, y que en su oportunidad ya había sido decretado por el titular del juzgado Federal N° 12. En los autos principales se investigan supuestas defraudaciones contra el Banco Ciudad y el Banco Nación a través del Banco Medefín, que dejara de operar desde 1998. En la misma resolución, la Cámara había confirmado el procesamiento de Pedro Pou, Miguel Angel Ortiz, Manuel Domper, Marcos Saúl, Aldo Dadone, Mario Dadone, Hugo Gaggero, Martín Lagos, Horacio Chighizola, Lisandro Barry y Julio Dentone, algunos de los cuales fueron directivos del Banco Central y del Banco Nación y Ciudad. Para así resolver, los ministros Petracchi, Fayt, Maqueda, Lorenzetti y Argibay consideraron que el recurso no se dirigía contra la sentencia del Tribunal Superior de la causa, y los ministros Belluscio, Boggiano y Highton, por su parte, que la sentencia apelada no era definitiva.
Proyecto
Los homosexuales de la provincia de Buenos Aires gozarán del beneficio de pensión por viudez tras la muerte de su pareja, si se aprueba un proyecto de ley ingresado en la Legislatura provincial. De sancionarse la iniciativa, los homosexuales no tendrían que recurrir a la Justicia para cobrar el beneficio, tal como debió hacer un hombre tras la muerte de su pareja, un médico cirujano, luego que la Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires le negara la pensión. El proyecto de ley fue presentado por la diputada bonaerense por la UCR, Filomena D´Ambrosio, con el objetivo de "establecer una solución legal permanente y general frente a casos parecidos" al del hombre que días atrás logró que la Justicia contenciosa administrativa de La Plata resolviera favorablemente su pedido de pensión. La iniciativa propone la reforma del art. 34 del decreto-ley de régimen previsional bonaerense 9650/80 para que, "en caso de muerte o fallecimiento presunto declarado judicialmente del jubilado o del afiliado en actividad con derecho a jubilación", se otorgue pensión a la viuda o el viudo, así como "a los convivientes, cualquiera sea el sexo, la orientación sexual y/o la identidad de género". El beneficio será otorgado -según la iniciativa-, a los convivientes "en el mismo grado y orden y con las mismas modalidades que la viuda o el viudo en el supuesto que el causante se hallase separado de hecho y hubiese convivido públicamente en aparente matrimonio o concubinato durante por lo menos cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento". También establece que "el plazo de la convivencia se reducirá a dos años cuando hubiere descendencia o el causante haya sido soltero, viudo, separado legalmente o divorciado".
Conciencia tranquila
Luego de las renuncias de tres miembros del Superior Tribunal de Justicia de San Luis, Eduardo Gatica, el único ministro que no está dispuesto a renunciar afirmó que podría enfrentar sin problemas un proceso de juicio político en su contra ya que tiene la conciencia tranquila. El juez realizó ese comentario a raíz de que un matutino puntano, vinculado presuntamente al gobernador Alberto Rodríguez Saá público: "el jurado de enjuiciamiento quedó en condiciones de abrir un proceso que podría terminar en la destitución del único ministro que no está dispuesto a renunciar". Recordemos que días atrás presentaron sus renuncias los ministros Aníbal Astudillo, Guillermo Catalfamo y Elvecia Gatica, a la cual se sumó la dimisión del procurador general, Julio César Agúndez. En relación a la propuesta que ayer hizo la Fundación Crecer San Luis, para que el gobernador se abstenga de nombrar a los próximos jueces, como indica la carta magna provincial, advirtió que "para eso es necesario una reforma de la Constitución.
Inconstitucionalidad
Un juez de los Estados Unidos declaró inconstitucional la ley de matrimonio por definir esta unión como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer. De ese modo permitió la unión marital entre personas del mismo sexo quienes estarán en un pie de igualdad de condiciones legales con los matrimonios tradicionales. La medida la dispuso el juez del Tribunal Superior de San Francisco, Richard Kramer, quien expuso que en la actualidad no existen motivos coherentes que limiten el matrimonio solamente a parejas heterosexuales. En ese sentido, el magistrado entendió que la norma que declaró inconstitucional viola la cláusula de protección igualitaria de la Constitución de California, ya que dejaba vedado los casamientos sólo para las parejas de diferente sexo. Con esta decisión del juez, atacada por los sectores más conservadores, California se acerca a Massachusetts, el único estado, del país del norte, que permite el matrimonio legal entre personas de mismo sexo. El fallo no se aplicará a los matrimonios que se celebraron en el invierno de 2004, que quedaron anulados poco tiempo después, pero si se mantiene habilita a las parejas del mismo sexo para que se casen en el futuro.