En su presentación Oliveira denunció la presunta violación de los artículos 294 y 255 del Código Penal que imponen penas de hasta seis y cuatro años de prisión a quienes destruyeran documentación oficial y destruyera elementos de prueba, respectivamente.
La defensora aludió así a documentación que fue destruida el 9 de marzo de este año en la Agrupación de Apoyo de Inteligencia del Ejército, en el marco de una jornada ordenada por Brinzoni a todas las dependencias de esa fuerza, a fin de localizar documentación relacionada con la represión antisubversiva que pudiera ser de interés para las distintas causas penales que se llevan adelante en distintos juzgados y cámaras de todo el país.
"Consideramos que se trató de la destrucción total de documentos que estaban destinados a probar los hechos cometidos por el Ejército durante la pasada dictadura militar", aseguró la denunciante.
Asimismo, subrayó que "por tratarse de documentación producida por el Ejército, los papeles destruidos tenían carácter de instrumentos públicos que probaban los hechos que la justicia investiga actualmente".
A raíz de los hechos mencionados "se inició una investigación ante el fuero militar" (Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas) por lo que la obudsman porteña entiende que "se trata de hechos que de ninguna manera se relacionan con la disciplina o el orden militar, sino que se trata de delitos del derecho ordinario".