Narizzano fue denunciado por un ex secretario, Javier De la Fuente, debido a que faltaba reiteradamente al juzgado pues concurriría a estudiar Psicología a la Universidad John F. Kennedy durante la mañana cuando debía estar en el juzgado, no visitaba los penales y había designado a familiares para trabajar a su cargo.
Como juez de Ejecución Penal, el magistrado debía visitar las cárceles, otorgar salidas transitorias y laborales y conceder excarcelaciones a detenidos, entre otras tareas. Sin embargo, el dictamen acusatorio en su contra afirmó que ”el magistrado ha faltado a sus deberes tanto como idóneo rector del desempeño de su Juzgado así como respecto de aquello que constituye su específica misión jurisdiccional”.
Asimismo, los consejeros afirmaron que Narizzano “trasluce una absoluta falta de apego a la función... que deja entrever, en cada acto, un completo desprecio por las libertades individuales y las garantías constitucionales que las informan”. También consideraron que su comportamiento fue “contrario a normas éticas y legales que, lejos de resultar inocuo a la administración de justicia, ha puesto en crisis la consideración que la sociedad profesa a la investidura judicial”.
El pasado 30 de noviembre el plenario del Consejo suspendió a Narizzano en el cargo, entendiendo que obstaculizó “en su ociosidad” el correcto desempeño del tribunal a su cargo, “circunstancia que se exteriorizara en una limitación de sus labores, cuyo único basamento responde a la pereza con que se condujera y el privilegio de sus aspiraciones personales en detrimento de las funciones que le corresponden”.
Tiempo después de aquella suspensión, el 17 de diciembre de 2004, Narizzano presentó su renuncia ante el Poder Ejecutivo para eludir el Jury de Enjuiciamiento, pero la dimisión no fue aceptada hasta el momento.