De acuerdo a lo que establece un proyecto de ley impulsado por el bloque de diputados del PJ, que cuenta con el visto bueno de gran parte de la justicia bonaerense, los fiscales y defensores oficiales adjuntos de la provincia podrían convertirse en fiscales y defensores oficiales titulares, sin necesidad de nuevos nombramientos.
Sin embargo, la administración de Felipe Solá se opone a la norma que, según datos de la Procuración General
beneficiaría a 195 fiscales adjuntos (75 defensores oficiales adjuntos del fuero Criminal y Correccional y otros 18 del fuero Civil). La negativa está fundada en la falta de recursos para hacer frente al aumento salarial que traería aparejada la equiparación de cargos.
Sucede que los fiscales y defensores adjuntos cobran, en promedio, unos 4 mil pesos mensuales, mientras que los titulares perciben unos 5.500. Por lo tanto, de aprobarse la ley el Ejecutivo debería contar con una partida anual superior a los cinco millones de pesos para cubrir los mayores costos salariales que produciría el "ascenso" de los adjuntos.
Al incremento presupuestario en el rubro sueldos debe sumársele el gasto que implicaría la creación de nuevas estructuras, ya que los adjuntos que pasen a desempeñarse como fiscales o defensores titulares requerirían un espacio físico para poder realizar su tarea.
Sin embargo,
fuentes de la Cámara de Diputados de la provincia le dijeron a este medio que “no es verdad que haya una requisitoria de nueva infraestructura” y resaltan un informe del Ejecutivo, en poder de la Comisión de Legislación General I, que desmiente esa versión.
La iniciativa, presentada por el diputado Carlos Cottini, ya
cuenta con despacho de la comisión de Legislación I y ahora está siendo analizado por la de Asuntos Constitucionales.
En su rol de jefa de los fiscales y defensores oficiales, la Procuradora General
María del Carmen Falbo se mostró a favor del proyecto, pero hizo algunas consideraciones que, según afirmó, deberían ser tenidas en cuenta en el texto final de la norma.
Falbo dijo que comparte el proyecto para el caso de los adjuntos de fiscales y defensores de primera instancia, pero aclaró que "es distinta la situación del fiscal general adjunto", ya que "se trata de un funcionario que concursó para el cargo de fiscal y luego es convocado a colaborar con el fiscal general, quien a su vez puede removerlo de esa función disponiendo su reintegro a la primera instancia". Además aseguró que también es distinto el caso de los fiscales y defensores adjuntos de la Casación, que han concursado para un cargo de nivel presupuestario y características específicas.
En los fundamentos de la iniciativa, Cottini sostiene que el Código Procesal Penal "no hace distinción alguna entre las atribuciones y facultades que competen a los referidos magistrados según revistan como titulares o adjuntos". Y destaca que la única diferencia en la práctica es la limitación "de índole funcional" que tienen los adjuntos para emitir instrucciones generales.
También remarca que los requisitos para acceder al cargo "son los mismos" para ambos y menciona que las convocatorias del Consejo de la Magistratura para la cobertura de cargos "siempre fueron hechas para fiscal y defensor oficial, sin que la prueba de aptitud hiciese distingo alguno entre titular y adjunto".
dju / dju
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