El titular del Juzgado en lo Penal de Instrucción N° 4, Jorge Eldo Juárez, dispuso la detención domiciliaria de un hombre que
había amenazado a su mujer con un cuchillo, luego de una pelea doméstica, por considerar que es aberrante el estado en que se encuentran las comisarías de Rosario.
El magistrado aplicó el artículo 306 del Código Procesal Penal de Santa Fé que establece, entre otras cosas, que “la libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la pretensión punitiva” y que “el arresto o la detención se ejecutarán de modo que perjudique lo menos posible la persona o reputación del afectado”. “Uno cumple con la finalidad del Código”, le dijo Juárez a este medio.
La Policía había detenido a esta persona sin necesidad de orden judicial, siguiendo los lineamientos del artículo 303 inciso 4 del mismo código, que permite aquello cuando el imputado “sea sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito de acción pública reprimido con pena privativa de libertad”.
Sin embargo, el juez de Rosario,
al igual que en otros casos, le otorgó el “beneficio” de la detención domiciliaria, ya que – según le explicó a este medio- la situación de las comisarías es “insalubre”. “En Rosario, hay 400 lugares de detención en comisarías pero hay más de 1.200 presos. Por ello deben compartir los colchones entre tres personas y estar todos mezclados”, afirmó Juárez.
Durante la gestión del gobernador Jorge Obeid se planeó construir una cárcel de 400 plazas en inmediaciones de Piñero, al sur de Rosario. Este año los trabajos tomaron impulso, pero todavía se desconoce cuándo finalizarán. En la Jefatura de Policía se construyen también dos alcaidías para 150 detenidos y se calcula que una de ellas se terminaría antes de fin de año.
El magistrado explicó también que, en este caso, “la persona no tenía antecedentes y como le iba a tocar una condena condicional iba a salir excarcelado en poco tiempo”. Además relató que la Policía se encargó de controlar que el imputado permanezca en su casa hasta tanto se le tome la declaración indagatoria. Suárez destacó la labor de la Policía
pero solicitó que
el Gobierno fabrique collares electrónicos para llevar a cabo el control sin necesidad de malgastar los recursos policiales.
Por último, el juez rosarino aclaró que el beneficio sólo se puede aplicar cuando existe un delito excarcelable, y subrayó que no es un juez garantista. “Hay que hacer cumplir la Constitución”, dijo, al tiempo que destacó que su juzgado “es el que más procesamientos ha dictado” en Rosario.
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