El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, que se reunió recientemente en la ciudad de Tucumán, reclamó la necesidad de que el Ministerio Publico alcance en el país una plena autonomía, “comprendiendo en ella la asignación presupuestaria suficiente para cumplir su cometido”.
Representantes de todas las provincias firmaron una declaración donde expresaron una serie de reclamos y de propuestas para el Ministerio Público. La misma fue suscripta, entre otros, por los procuradores y defensores María del Carmen Falbo (pcia. de Bs.As.); Luis Augusto De Mitri (pcia. de Tucumán); Rodolfo González (pcia. de Mendoza): Eduardo Samamé (pcia. de Chubut); Eduardo Quattropani (pcia. de San Juan ); Víctor Hortel (Ciudad Autónoma de Bs.As.) y Jorge Bof (pcia. de Santa Fe).
Los miembros del Ministerio Público criticaron las falencias del sistema carcelario y formularon propuestas para evitar
el hacinamiento en las cárceles, tales como la mediación, la probation, el juicio abreviado y el criterio de oportunidad. En ese orden, se destacó que, con frecuencia, “se endilga injustamente la superpoblación carcelaria a la lentitud de los procesos o a la morosidad judicial”.
En la denominada “Declaración de Tucumán” ponderaron también la conveniencia de que los estudios universitarios “contemplaran en su currícula una asignatura desde la que se impartieran todos los conocimientos relativos a las distintas funciones” que le competen al Ministerio Público y calificaron como “imprescindible” que los poderes del Estado “implementen la ejecución de políticas públicas en materia de menores e incapaces”.
La declaración firmada por todos los presentes subrayó que “el Poder Judicial está integrado por dos ramas bien diferenciadas, la compuesta por la judicatura (jurisdiccional) y la formada por el Ministerio Público (requirente)” y que esa bilateralidad “no destruye la unidad del Poder Judicial, sino que constituye un complemento para posibilitar el funcionamiento pleno del órgano a través del debido proceso”.
En cuanto a las funciones que cumple la defensa pública oficial, los firmantes destacaron que ella “constituye una esencial reserva de la sociedad, siendo la mejor garantía de acceso a la Justicia, puesto que no sólo ampara un derecho subjetivo sino que tutela a la sociedad misma”. “Se dice que la defensa pública oficial está en crisis, pero se omite explicar que ésta no obedece a falencias propias de esa modalidad, sino que se ha originado en la insuficiencia de medios para atender el significativo aumento de los usuarios de este servicio de justicia”, expresaron los magistrados.
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