El ministro de la Corte estuvo en la ciudad de Viedma, Río Negro, y en polémicas declaraciones respaldó un proyecto de ley que pretende reformar la Ley Notarial de esa provincia y que fue ampliamente resistido por los abogados de todo el país.
El vicepresidente de la Corte Suprema destacó como importante que los escribanos intervengan en los trámites de sucesiones porque -dijo- facilitarán la gestión de obtención del reconocimiento de la calidad de heredero y porque abaratará los costos.
Además, sostuvo que este sistema no tendría que ser alternativo "sino que debería suprimirse la actuación de los jueces exclusivamente en cuanto a la determinación de quiénes son los herederos, es decir, en la obtención de declaratorias de herederos porque es un trámite que no es judicial, no es controvertido y recarga la administración de justicia innecesariamente". En este sentido
se manifestó a favor del actual sistema francés y español, que -según Belluscio- es breve y práctico y no presenta dificultad en esos países.
El polémico proyecto fue presentado, a fines de 2004, en la Legislatura provincial por la diputada de Río Negro Ana Piccinini. La iniciativa consta de 242 artículos y está siendo discutida actualmente en la provincia.
Por último, Belluscio adjudicó al interés profesional "económico y porque temen perder una fuente de trabajo" la oposición manifestada por los abogados frente a esta iniciativa, que propone la intervención de los escribanos en los temas de sucesión como una opción al sistema judicial.
Los Colegios de Cipolletti, General Roca, Viedma y San Carlos de Bariloche, como así también los del Consejo Coordinador de Cajas de Previsión Social para Abogados y Procuradores de la República Argentina, y la Federación Argentina de Colegios de Abogados sacaron una resolución, hace un tiempo, en la que rechazaron ampliamente la incorporación a la esfera de la función de los escribanos de actas de declaratoria de herederos y de aprobación de testamentos.
Pese a ello, Belluscio se mostró a favor de los cambios que se impulsan a la Ley Notarial. Idéntica posición manifestó la camarista del fuero Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Graciela Medina. Ambos expusieron en Río Negro sobre este tema, en el marco de una reunión ampliada de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura.
En una resolución aprobada el 17 de diciembre de 2004, la F.A.C.A. advirtió que el proyecto de la legisladora Piccinini, especialmente en sus artículos 94, 95, 96, 97 y 98, ignora disposiciones contenidas en el Código Civil, en directa alusión a los artículos 3412, 3284 que establecen específicamente la intervención jurisdiccional en la materia, y cuyo sustento está normado por el artículo 75 inciso 12 y afianzado por el artículo 31, ambos de la Constitución Nacional; y 139 inciso 17 de la Constitución de la Provincia de Río Negro.
Para los abogados nucleados en la F.A.C.A. “la sola mención a dicha transgresión debiera bastar para descalificar el texto legislativo mencionado”. No obstante, aseguraron que la iniciativa “sustrae del Poder Judicial el tratamiento de cuestiones que requieren de la directa intervención jurisdiccional, violentando el principio de juez natural y provocando otra grave transgresión constitucional”.
Asimismo, mencionaron que el proyecto que está siendo debatido en la Legislatura provincial, “vulnera seriamente la necesidad del ciudadano de contar con la seguridad jurídica que exige una materia de extrema complejidad técnica en la que además impactan fenómenos sociales de incuestionable importancia” y “atenta seriamente contra el sistema previsional para abogados y procuradores que rige en la Provincia de Río Negro, sin prever siquiera soluciones al inevitable impacto que provocará en dicho ámbito”.
dju / dju
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