Esteban Righi eligió este medio para responderle a la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que le reclamó hace dos semanas las medidas necesarias para equiparar, en forma urgente, el salario de los fiscales de primera y segunda instancia del Ministerio Público al de los secretarios del Poder Judicial y la modificación del régimen de selección de magistrados de la Procuración . La nota, con fecha 3 de junio, ya está en poder del presidente de la Comisión Directiva de la Asociación, Ricardo O. Sáenz, y contiene una serie de preocupaciones que le ha generado “tanto la lectura, como la difusión” de las comunicaciones que le envió la entidad, recientemente formada.
En la segunda de esas notas, la entidad le reclamó al jefe de los fiscales que se modifique el régimen de selección de magistrados del Ministerio Público Fiscal, sancionado mediante la Resolución PGN 101/04, del 10 de agosto de 2004. Los fiscales
centraron su reclamo en la forma en que son elegidos los jurados, y en la instauración de
la figura del “jurista invitado”.
Los integrantes de la Asociación le manifestaron, en ese momento, su intención de que los miembros de los tribunales de concurso sean
sorteados públicamente entre todos los fiscales generales que reúnan las condiciones esenciales. “La principal razón de nuestro reclamo es la necesidad de dotar a la elección de los miembros de un tribunal de concurso destinado a elegir magistrados del Ministerio Público de la mayor transparencia posible”, admitieron.
Ahora, el Procurador General dijo que le preocupa “la ausencia de sustento normativo que exhibe vuestra afirmación, según la cual “el traslado” no sería una forma de designar magistrados, especialmente cuando es formulada a quien ha respetado siempre la norma de aplicación, toda vez que en todos los casos he autorizado traslados mediando solicitud o conformidad del magistrado fiscal; y conservando su jerarquía”. Además, se mostró sorprendido por la crítica, porque –según dijo- es formulada con despreocupación por las razones de mejor servicio que justifican las decisiones, especialmente cuando –según recuerdo- alguno de los firmantes registra traslados en su actividad funcional.
Finalmente, el jefe de los fiscales, designado por el presidente Kirchner, señaló que “no es verdad que un traslado genere perjuicio a los secretarios de fiscalía, quienes ni ven mermada su posibilidad de concursar, ni se ven afectados por ese hecho, en la valoración de la especialidad en el fuero penal”; y destacó que
su gestión registra un número casi igual a todos los concursos realizados con anterioridad, desde la sanción de la Ley N° 24.946.
En relación a quiénes deben ser jurados, el Procurador General de la Nación admitió que es verdad que el sistema de designaciones en el Poder Judicial prevé sorteos, pero –dijo-no lo es menos que se realizan tomando en consideración listas que confeccionan los distintos estamentos involucrados, entre los que destaca la intervención de la universidad.
Righi se mostró de acuerdo en polemizar sobre reformas al reglamento de concursos, pero negó que en “ningún lugar del mundo” se reconoce al aspecto académico la importancia que le otorga la Procuración General. “No es razonable predicar una hiperexaltación de los antecedentes académicos en el reglamento vigente. La documentación adjunta, acredita que todas las reformas han implicado disminuciones en la valoración de los antecedentes académicos, a favor de los funcionales”, agregó.
Con respecto a la figura del
“jurista invitado”, cuestionada por la Asociación de Fiscales, porque –según sus integrantes-, resulta “violatorio del sistema legal” y porque “no se prevé ninguna forma transparente de elegirlo”, el Procurador resaltó que
“no es dudosa la legalidad del reglamento cuando prevé su intervención”. En el último párrafo de la nota, y haciendo directa alusión al título de un artículo publicado por este medio, Righi se refirió al reclamo salarial efectuado por el organismo, que solicitó una equiparación de la situación salarial de los secretarios de primera y segunda instancia del Ministerio Público Fiscal a la de los secretarios del Poder Judicial de la Nación, en términos similares a los dispuestos por la Acordada 2/2005 de la Corte Suprema de Justicia. “Dado que fui yo quien sugerí en nuestra última reunión, que coadyuvaría al éxito en mis gestiones que me formularan una presentación escrita, agradeceré que en el futuro mis iniciativas no sean aprovechadas para concretar publicaciones de prensa en la que se presenta a “los fiscales a la carga contra Righi”, concluyó visiblemente molesto.
dju / dju
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