Esos factores, llevaron a la ciudadanía, con elementos más que sobrados, a catalogar a casi todas las rutas como "la Ruta de la Muerte", porque todas lo son. No existe una particular que así lo sea.
El Poder Ejecutivo Nacional actual, ni bien asumió sus funciones, frenó la renegociación de los contratos de concesiones viales en los términos que se estaba llevando a cabo desde los inicios del año 1999. Sólo a esa altura quedaba pendiente la firma del entonces Presidente de la Nación, Dr. Carlos Saúl Menem, de las Actas - Acuerdo suscriptas entre la Secretaría de Obras Públicas y las empresas concesionarias del sector, que paradójicamente nunca llegó a materializarse.
Como punto de partida, la preocupación de las actuales autoridades primordialmente se ciñó en demostrar a los ciudadanos, la materialización de uno de los mayores pilares que pregonaron durante el transcurso de la campaña electoral: lograr la reducción (de algún modo) de las tarifas de los servicios públicos y, en lo que aquí nos importa, en "los famosos (y excesivos) peajes".
Es por ello que el esquema modificatorio empleado como medida preliminar (y porqué no visible) lo configuró la implementación de nuevas pautas para enfocar la negociación de los corredores viales (piloteada desde el Ministerio de Infraestructura y Vivienda de la Nación), con otros alcances y fines.
Por tal razón, fueron firmados nuevos compromisos (también por el instrumento antes utilizado, Actas - Acuerdo) con las concesionarias viales, quienes se comprometieron a bajar en un 8% el costo de los peajes, a partir de marzo del 2000. Como contracara, el Gobierno Nacional les reconoció el pago de las compensaciones indemnizatorias adeudadas por la anterior gestión ejecutiva (alrededor de 250 millones de pesos), acápite que había sido en forma expresa por ellas renunciadas a cambio de la extensión de los plazos de las respectivas concesiones hasta el 2006, en el proceso de renegociación anterior.
Pero la realidad argentina muchas veces muestra la dualidad (o distancia) que existe entre las políticas de gobierno, que conllevan la adopción de determinadas medidas, y lo que efectivamente el ciudadano necesita para su progreso y proyección en un país que tiende a satisfacer el bien común con eficacia y responsabilidad.
En modo alguno resulta novedoso que las rutas argentinas (tanto concesionadas como las que aún directamente explota el Estado Nacional) dejan mucho que desear por las pésimas condiciones en que se hallan. Basta sólo recorrer algunos tramos (v.gr. Rutas Nacionales Nros. 9 (Jujuy), 158 (Río Cuarto, Córdoba), 14 (Entre Ríos), 33 (Trenque Lauquen - Rufino), entre otras) para constatar el estado de abandono, deterioro o mala conservación en que se encuentra la masa asfáltica, la ausencia de señalización vertical y/u horizontal adecuada como factor preventivo, la falta de banquinas, la intransitablidad de algunos sectores por la directa incidencia de factores climáticos y/o geográficos que no son estudiados en forma conjunta, y el pago de peajes aún excesivos (pese a la rebaja casi virtual). Ello tanto evidencia que los caminos troncales carecen de medidas protectorias y preventivas, como también que muchas obras encaradas y comprometidas en los respectivos contratos de concesión desde 1991 se hallan inconclusas, demoradas o paralizadas.
Esperemos que el nuevo proceso "abierto" a los ojos de los usuarios con la reducción en un 8% de los valores de los peajes no llegue a transformarse en un eufemismo, sino que realmente traiga aparejado de una vez por todas la concreción de obras viales que garanticen los derechos de seguridad e integridad de todos aquellos que circulamos las rutas del país. Aún falta mucho recorrido para andar. Sólo transcurrieron cuatro meses, pero el desafío ya les está marcado a las autoridades gubernamentales: conocen pormenorizamente las fallas sistemáticas que rodean las concesiones viales, las ganancias e inversiones de las empresas del sector en estos años y, seguramente, la gran cantidad de reclamos de los usuarios. ¿Podrán corregirlo o tendremos que aguardar otra renegociación?