La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura volvió a citar a declaración indagatoria para el próximo 16/08/05 a la titular del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 9, Marta Emilia García, quien está acusada de ayudar a represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) a apropiarse de inmuebles pertenecientes a desaparecidos. En 1977 grupos de tareas de la ESMA secuestraron a Conrado Gómez, Victorio Cerutti, Omar Masera Picolini y Horacio Palma y los obligaron a cederles las propiedades que tenían en Mendoza. Las mismas fueron transferidas con documentos falsos a empresas del ex almirante Emilio Massera. La juez García se desempeñaba en un escribanía que fraguó esos documentos y además era sindico suplente de una de las empresas. A raíz de nuevas pruebas que la Comisión de Acusación incorporó luego de que García declarara por primera vez, decidió volver a citarla en los términos del artículo 9 del Reglamento de la Comisión.
Zona desfavorable
Un proyecto de ley propone que los integrantes de la Justicia Federal de Orán sean incluidos en el régimen de “zona desfavorable” para el cobro de bonificaciones salariales, similar al que se perciben habitantes de las provincias patagónicas, al sur del Paralelo 42. La propuesta es impulsada por la diputada justicialista María Lelia Chaya, quien remarcó las particulares circunstancias climáticas, sanitarias y sociales de la región lindante con Bolivia. La legisladora destacó que el juzgado de San Ramón de la Nueva Orán, creado en 1984 y puesto en funcionamiento en diciembre de 2004, se encuentra a pocos kilómetros del Trópico de Capricornio, “lo que implica que sus habitantes se ven sometidos a un intenso calor durante la mayor parte del año, con temperaturas de hasta 48 grados en verano, que afectan la salud”. Chaya argumentó el pedido en que numerosas reparticiones y organismos nacionales y provinciales como las Fuerzas Armadas y Gendarmería, Banco Nación, Salud Pública, Aduanas perciben bonificación por zona desfavorable en esa región. La aprobación del proyecto beneficiará a magistrados, funcionarios y empleados del juzgado y representará en los hechos un mejoramiento del 40 por ciento de su remuneración actual.
Apertura La juez de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, y la defensora general sustituta de la Nación, Stella Maris Martínez, inauguraron la nueva sede de las 12 Curadurías Públicas Oficiales ubicada en Suipacha 570. En el encuentro, del que también participó el interventor en las Curadurías Eduardo Madar, Martínez consideró que inaugurar la nueva sede “es iniciar una nueva etapa de optimización, de mayor eficacia, y en el fondo, de intensificación de la política del respeto de los derechos humanos” y destacó la labor de las curadurías que “se ocupan de un área altamente sensible como es trabajar con las personas que muchas veces están olvidadas por la sociedad”. Por su parte Highton de Nolasco destacó el trabajo de la defensa pública “sobre todo de gente que no tiene acceso a Justicia, que no tiene acceso a nada y que es realmente muy bueno que la defensoría esté ocupándose de esto y que esté creciendo”. Las Curadurías trabajan como defensor especial de toda persona que se encuentre internada en establecimiento psiquiátrico (Ley 22.914) a los fines de controlar la internación y evitar que la misma se extienda más allá de lo debido.