En un comunicado a las entidades financieras y a la prensa, el ex Banco Mendoza destacó que "esta presentación se efectúa con la plena convicción de que es éste el medio legal más idóneo para resguardar los derechos de sus legítimos acreedores y el del Estado Provincial, en su condición de responsable de cualquier deuda originada con anterioridad a la privatización del Banco". También se afirmó que "es compromiso de la sociedad cancelar la totalidad de los pasivos verificados, para lo cual elevará una propuesta concursal que abarque el ciento por ciento de los mismos".
Se anunció además que los directores Benito Lucini y Raúl Moneta "comprometieron voluntariamente y a título personal, la suma de hasta diez millones de pesos ($ 10.000.000) destinados a cubrir toda diferencia, hasta ese importe, que resulte exigible a la sociedad, a efectos de que ésta cancele la totalidad de los créditos verificados, previa homologación judicial con sentencia firme del correspondiente acuerdo de pago". El directorio aclaró que "el cese de la actividad bancaria fue solicitada por la propia sociedad y reconocida por el Banco Central de la República Argentina". Al final informó que continuará actuando con una nueva actividad comercial radicada también dentro de la provincia de Mendoza.
Simultáneamente con este anuncio, Moneta anticipó que la semana próxima presentará, en Buenos Aires y Mendoza, una denuncia penal contra un supuesto grupo, integrado por conocidos personajes públicos locales, que buscaría extraerle 460 millones de dólares a la provincia como lo consignan en el comunicado del ex Banco Mendoza SA. Los integrantes de esa asociación serían el juez federal de Mendoza Luis Leiva, el diputado nacional por el Partido Demócrata Gustavo Gutiérrez, el abogado Ricardo Mastronardi, el contador Luis Balaguer, y el secretario general de la Asociación Bancaria de Mendoza, Sergio Palazzo.
Según Moneta, "el grupo en cuestión quiere que Moneta con su firma avale este reclamo multimillonario, lo que condicionaría a la Provincia a desembolsar el dinero". Esto es así porque en el marco de la privatización de ambas entidades financieras, se estableció lo que se llama "cláusula de indemnidad", es decir, que todo reclamo judicial nuevo que no estuviera reconocido en el balance de transferencia debe ser primero admitido por el Grupo República-Magna Inversora para después ser remitida a la Provincia. Moneta explicó que "si el grupo empresario que operó el Banco Mendoza SA hasta su cierre y que él mismo preside, avalase ese reclamo multimillonario, los acreedores habrían dado un paso adelante muy importante en su objetivo".
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