La diputada justicialista María Lelia Chaya, integrante del Consejo de la Magistratura, pidió al Congreso Nacional que declare violatorio de la Constitución un decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo que atribuye a la Corte Suprema la facultad de administrar el presupuesto de la justicia en contra de la Constitución Nacional, que le otorga esa prerrogativa al Consejo de la Magistratura.
La iniciativa, de un solo artículo, reclama a ambas cámaras que dejen sin efecto el
Decreto 557/2005 del PEN, por resultar violatorio de los artículos 99 (inc. 3) y 11 (inc. 3) de la Carta Magna, además del artículo 18 (inciso b) de a Ley 24.937, entre otras normas.
Hace un mes, el gobierno dictó ese decreto mediante el cual le traspasó al máximo tribunal casi 500 millones de pesos que hasta ahora manejaban los consejeros. El decreto se refiere
al 3,5 por ciento del dinero de la coparticipación.
La diputada afirmó que la norma del gobierno Nacional incurre en una serie de palmarias violaciones de las normas de la Constitución Nacional y los principios fundamentales de la división de poderes del sistema republicano. Chaya recordó que el artículo 114 del texto constitucional, reformado en 1994, establece que el Consejo de la Magistratura, tendrá a su cargo, entre otras facultades, la de (inciso 3) “administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia”.
Además, sostuvo que lo dispuesto por el Poder Ejecutivo resulta de “una inusitada gravedad institucional”, por cuanto el gobierno sabía del conflicto existente entre el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema, por el manejo de los recursos del Poder Judicial y en particular por el tema de los excedentes.
Para la consejera salteña, el decreto “altera de manera arbitraria e inconstitucional la ecuación de financiamiento del presupuesto del Consejo de la Magistratura, reduciéndose el porcentaje de participación de este órgano en los ingresos tributarios y no tributarios del Tesoro Nacional, del 3,5% al 2,93%, y establece que la diferencia, de 0,57%, pasa a financiar el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Asimismo, el decreto cuestionado modifica el art. 3° de la ley de autarquía estableciendo que los recursos de afectación específica del Poder Judicial de la Nación serán asignados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y destinados a los presupuestos de la jurisdicción 2005 del Presupuesto Nacional. Ese mismo artículo dispone que sean transferidos a la Corte
los remanentes de recursos de afectación específica que se encuentren disponibles al 31 de diciembre de 2004, lo que asciende a la suma de $497.430.557 pesos.
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