04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Denuncian persecución política contra un fiscal neuquino

Las ONG repudiaron la intención del Jury de Enjuiciamiento de reanudar el proceso cuando una decisión judicial lo había suspendido. También expresaron que el juicio es por las investigaciones que realizó Ricardo Mendaña “en las que estaban involucrados funcionarios del gobierno provincial como el gobernador Jorge Sobisch”.

 
Cinco organizaciones no gubernamentales (ONG) repudiaron a los miembros del jurado de enjuiciamiento que tiene como acusado al fiscal neuquino Ricardo Mendaña, por intentar reanudar las audiencias del proceso, a pesar que una decisión judicial las suspendió, y por suspender el plazo procesal de 150 días para dictar sentencia, tal como marca la ley y que empezó a correr en diciembre.

“La suspensión de los plazos procesales es una nueva muestra de que el Jurado de Enjuiciamiento no pretende cumplir con los fines constitucionales asignados ni garantizar las reglas del debido proceso, poniendo en evidencia una vez más que constituye un mero instrumento de persecución política y que no tiene reparos en cometer nuevas ilegalidades contra un fiscal que actuó con independencia en investigaciones en las que estaban involucrados funcionarios del gobierno provincial como el gobernador Jorge Sobisch” afirmaron a través de un comunicado el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Poder Ciudadano, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Unión de Usuarios y Consumidores.

El jury contra Mendaña, fiscal de Cámara de Neuquén, esta suspendido por un recurso de amparo presentado por la defensa pidiendo la exclusión como miembros del tribunal de los tres vocales del Tribunal Superior de Justicia provincial, Jorge Sommariva, Roberto Fernández y Eduardo Badano, por actuar con parcialidad. El juez Alejandro Cabral suspendió el juicio hasta la resolución definitiva de la acción presentada. Como el recurso debe ser decidido por el Tribunal Superior fueron elegidos jueces subrogantes en reemplazo de los tres magistrados denunciados.

Son muchos los indicios para pensar en un juicio con intencionalidad política de los tres poderes provinciales. Mendaña ha sido promotor de denuncias de corrupción en el gobierno de Jorge Sobich. Inclusive quien presentó la denuncia que inició el jury contra Mendaña fue el ultrasobischista diputado provincial Oscar Gutiérrez.

Durante las audiencias la testigo Cecilia Luzuriaga de Valdecantos, juez de Cámara, contó que Sommariva le dijo que estaba preocupado porque Fernández habría ido a ver al gobernador de la provincia poco antes de fallar en la causa seguida contra Jorge Sobich, en la que fue filmado por una cámara oculta ofreciendo una coima. A partir de esa declaración Fernández, presidente del jurado, no permitió que continuara la defensa con su interrogatorio.

El 7 abril de este año Gustavo Vitale, defensor de Cámara, le presentó un escrito al Jurado haciendo saber que Fernández le había dicho: “que había que esperar, que la vida siempre da oportunidades, que ya lo iba a tener a Ricardo Mendaña enfrente para cortarle la cabeza”, añadiendo algo así como que “él no deja heridos, que mata”.

Ese mismo día se conocieron declaraciones del ex vocal del Tribunal Superior de Justicia Marcelo Otharán, en las que daba cuenta de un encuentro de varias horas, en la sede del Tribunal Superior, entre, quien una semana después denunciaría a Mendaña, el diputado Oscar Gutierrez, el asesor general de Gobierno, Jorge Brillo, y los tres jueces del Tribunal Superior que integran el Jury.

Además, tres miembros del jurado ya han presentado su renuncia. Se trata de los abogados Pablo Di Lorenzo y Fausto Farizano y el diputado provincial Marcelo Inaudi.

Las ONG expresaron que el Jury “convierte al Poder Judicial de la provincia de Neuquén en un botín político, controlado y controlable, donde no hay lugar para los magistrados y funcionarios independientes. El hecho de que se haya impedido en la mitad del proceso el acceso del público y de la prensa, convirtiendo en reservado un proceso que debe ser indudablemente público, es una muestra de ello”.



dju / dju
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