Lo resolvió el juez porteño Roberto Gallardo, del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, en autos “Montenegro Patricia Alejandra y otros contra GCBA sobre amparo (art. 14 CCABA)” a raíz de un amparo que tramitaba en el juzgado del juez Augusto Kersman, subrogado por el primero por licencia de su titular.
El magistrado le ordenó al gobierno porteño que otorgue, a partir del primero de setiembre próximo, un subsidio de $205 a los cartoneros inscriptos en el Registro Unico Obligatorio Permanente (art. 4to Ley 992) por cada hijo menor de 17 años y que adopte "en forma inmediata" medidas para poner fin al trabajo infantil.
Además estableció que el pago del subsidio “deberá efectivizarse del uno al diez de cada mes por adelantado” y dispuso que para la percepción de dicho subsidio “los padres deberán acreditar únicamente el vínculo paterno filial y la efectiva escolarización de los menores que se encuentren en edad escolar o pre escolar”.
Gallardo también le ordenó al Gobierno de la Ciudad que arbitre todos los medios a su alcance a fin de producir un seguimiento interdisciplinario de todos y cada uno de los menores beneficiados con el subsidio a efectos de optimizar su estado psico-físico y viabilizar su adecuada inserción educativa.
La administración de Ibarra deberá efectuar un "inmediato relevamiento de los recuperadores urbanos" para brindarles prestaciones sociales y habilitar a los Centros de Gestión y Participación para acordar espacios donde los cartoneros puedan realizar labores.
El juez Gallardo declaró procedente una acción de amparo promovida por los propios cartoneros, que explicaron que su actividad consiste en "revisar y buscar entre los residuos existentes en la ciudad ciertos materiales que luego pueden ser vendidos" y precisaron que trabajan a partir de las 17 y hasta pasada la medianoche.
Los cartoneros que recurrieron a la Justicia explicaron que "muchas veces los niños tienen que acompañarlos" en la recolección de basura "pues no tienen con quien dejarlos" o su grado de necesidad es "de tal magnitud que resulta indispensable que colaboren los hijos con sus padres para conseguir lo mínimo necesario para comer ese día", según consta en el fallo.
"Los hijos van a la escuela por la mañana y muchos de ellos empiezan a tener dificultades en su aprendizaje pues por las tardes deben acompañar a sus padres en las tareas de cartonear", explicó Gallardo basándose en la presentación de los amparistas.
El magistrado resaltó, además, que el estado de salud de muchos niños cartoneros "es vulnerable" por la alimentación insuficiente, los problemas de acceso a servicios de salud y la actividad callejera.
“Como ciudadano, persona de fe y hombre del derecho me veo en la obligación de señalar en este complejo caso judicial, que esta presentación constituye un alerta social insoslayable. Pueden existir –como de hecho existen- decenas de normas, tratados y doctrinas que nos hablen de los derechos humanos y específicamente de los derechos de los niños, pero de nada sirven esas reglas si el Estado ni VE ni HACE”, sostuvo.
Y agregó: “Los funcionarios “pilatos” -como bien los describió el próximo pasado domingo de San Cayetano el Cardenal Bergoglio- que “miran para el costado”, hacen del poder en el Estado un fin en si mismo y son incapaces de convertir su misión en un servicio hacia los demás”.
El juez tomó como antecedente una demanda iniciada, ante otro tribunal por la dirigente política Patricia Bullrich, y a las actuaciones impulsadas por los cartoneros incorporó presentaciones del Movimiento Nacional de Trabajadores Cartoneros y otras organizaciones sociales, entre las que figura la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA).
Se presume que existen unos 50 mil cartoneros pese a que el Registro Unico abierto por el gobierno porteño registra a 9.104 ciudadanos en esa condición.
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