La magistrada hizo lugar a una presentación que en ese sentido efectuó la Centra de Trabajadores Argentinos (CTA), entidad que reclamó por el manejo de esos fondos destinados a las Obras Sociales, que el gobierno le había quitado a la central sindical, durante la gestión de Domingo Cavallo al frente de la cartera económica. El 26 de octubre último fue publicado en el Boletín Oficial el decreto presidencial 1211/99, mediante el cual el gobierno le devolvió a la CGT el manejo de denominado fondo Solidario de Redistribución de las Obras Sociales, el que volvería a ser controlado por un cuerpo colegiado (la Administración de Programas Especiales) integrado, en realidad, por cuatro representantes de la CGT, tres del gobierno y uno del sector empresario.
La CGT. venía reclamando en los últimos años la devolución del manejo de esos fondos, equivalentes a unos 360 millones de pesos anuales, equivalentes al 10 por ciento de los aportes a las Obras Sociales.
Según se pudo saber, en su momento el gobierno le quitó esos montos argumentando la compensación de deudas previsionales.
La CTA. -una confederación de gremios opositores a la CGT- objetó ese decreto y le pidió mediante una acción de amparo que la Justicia impida la cesión del control de esa millonaria suma, reclamo al que accedió la juez Gassibe.