La Asociación Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, de reciente creación, salió a responderle al presidente Néstor Kirchner que el viernes pasado, en un acto en la Casa Rosada, pidió la intervención de los jueces y fiscales ante el avance de las protestas piqueteras.
Luego del acampe en la Plaza de Mayo y en el puente Pueyrredón, el presidente se preguntó “dónde están los señores fiscales y jueces para que apliquen las leyes que corresponden para aquellos que están violando todas las normas”.
Además acusó a los piqueteros duros de someter al Gobierno a una "extorsión y una provocación" y opinó que esos grupos responden a partidos de ultraizquierda "funcionales a la derecha".
Ante esas declaraciones, la Asociación que preside el fiscal de la Cámara del Crimen Ricardo O. Sáenz aclaró que “la prevención de los delitos es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo, el que la ejerce –o la debería ejercer- a través de las fuerzas de seguridad, las que, en tareas de prevención operan bajo su exclusivo mando”.
“Los fiscales, en cambio, por mandato constitucional (art. 120) cumplimos con nuestras facultades con posterioridad a la comisión de un delito, nuestra actuación es “ante la justicia”, es decir, con actuaciones ya iniciadas”, explicaron los miembros de la Asociación a través de un comunicado al que tuvo acceso exclusivo este medio.
Y agregaron: “pretender que los fiscales nos convirtamos en policías sería contrario a las leyes de la Nación, sin contar que, además, no estamos preparados profesionalmente para esa función, ni sería esperable que lo estuviéramos”.
Los miembros del Ministerio Público reconocieron que la policía “no está ejerciendo todo el poder que le otorga la ley para reprimir actos de violencia callejera”, que van desde el corte de calles o rutas, hasta la ocupación de la Playa de Mayo, pero destacaron que no debe “responsabilizarse a la policía por esta inacción, sino a las autoridades políticas que les imparten las órdenes”.
En igual sentido se había manifestado el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, Miguel Angel Caminos. "Los jueces no actúan más de oficio. Tienen que esperar a que alguien haga la denuncia", dijo. "La policía debería hacerlo, tiene la facultad y no necesita orden alguna", agregó.
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