DiarioJudicial.com: ¿Definitivamente se diluyó su candidatura a la Corte?
León Arslanian: Me resulta halagador ocupar una posición en la Corte, como a cualquier hombre de Derecho, pero yo vine acá para llevar adelante una obra mayúscula. La primera vez que estuve aquí me tuve que ir por razones ajenas a mi voluntad, y quedó trunco mi trabajo. En esta segunda oportunidad que tengo he avanzado mucho en algunos aspectos, pero necesito más tiempo para consolidar el trabajo que estoy haciendo en el Ministerio. Cuando se asumen compromisos tan importantes como este, uno tiene que pensar que el compromiso también es con la comunidad.
¿Volvió a hablar con el presidente después que contó que le había ofrecido el cargo?
Yo he hablado con el presidente y él ha entendido perfectamente bien qué mirada tengo sobre el trabajo que estoy haciendo aquí. Dicho sea de paso, él ha contribuido a que yo viniese a la provincia de Buenos Aires. Yo no quería volver por muchas razones. Era un costo personal, pero el ayudó a que yo cambiara de punto de vista. Estoy aquí, llevo 16 meses de trabajo muy intenso y creo que debo persistir hasta que las cosas estén más consolidadas.
¿Qué le falta concluir de ese plan?
El plan está casi todo desarrollado... pero hay que terminar con el proceso de reorganización, el proceso de depuración policial, que no ha concluido, y todos estos esquemas que estamos lanzando, como por ejemplo la existencia del 911.
Hay que trabajar en el ámbito de los recursos humanos, en el desarrollo tecnológico y en las nuevas academias que hemos abierto. Estas últimas necesitan arraigarse y mostrar cómo producen la cantidad de personal policial que se le ha negado durante tantos años a la provincia. Por otro lado está la nueva Policía, la Policía Buenos Aires 2, que necesitamos que crezca y esté establecida en el primer cordón del Conurbano.
Como ve hay trabajo y hay una necesidad de continuidad en los que estamos haciendo. No es que sea inexorable que esté yo, pero creo que soy el “padre de la criatura” y que puedo mostrar resultados más valiosos.
¿Su ingreso a la Corte no sería en el transcurso de este año entonces?
De ninguna manera.
Porque seguramente se crean dos nuevas vacantes....
Sí, pero yo este año necesito estar aquí. Será parte del que viene ...Dios dirá cuanto tiempo más. Mi energía psíquica, mi interés y mi concentración están puestos acá y no conviene que desvie mi atención en otro tema que no sea este.
Usted tiene diálogo con algunos de los miembros actuales. ¿Cómo ve la Corte actual?
La Corte actual necesita hacer el ensamble del caso, amoldarse los unos a los otros. La Corte no puede ser una suma de individualidades. Necesita fortalecer mucho el sentido de unidad, y que todos sus miembros lleguen a tener entre sí, y como cuerpo, niveles de entendimiento que le den fortaleza a las decisiones tan trascendentes que la Corte toma. Esto toma tiempo, no se hace de la noche a la mañana.
¿Cómo ve el tema de las competencias del máximo tribunal?
La Corte no puede seguir siendo una cuarta instancia. Hay que replantear drásticamente su competencia y seguir otros modelos como la Corte americana, que falla un centenar de casos al año. Esto implica y necesita reformas.
¿Y con respecto al número de miembros?
Nueve está muy bien.
Pero los nuevos jueces de la Corte se manifestaron a favor de una reducción....
Lo sé, pero para mí el problema no pasa por la cantidad. No hay ningún inconveniente que sigan siendo nueve los miembros. No creo que se mejorase si tuviera dos menos. La problemática de la Corte pasa por otro lado.
Usted dijo hace poco tiempo que no veía mal que los miembros del Poder Ejecutivo hagan un comentario sobre los fallos de la Justicia, incluidas las resoluciones de la Corte ¿Sigue pensando lo mismo?
La Corte es otro poder del Estado pero debe admitir la crítica o el comentario de quien fuere. La Corte no es un poder privilegiado, es un poder mas del Estado, dotado de ciertas garantías vinculadas con la importancia de su función. Ahora de ahí a que no pueda hacerse desde el poder político o del Poder Legislativo comentarios respecto de los fallos, me parece que eso sería un error.
¿Opinaría lo mismo si estuviera dentro de la Corte?
Opinaría lo mismo. Obviamente que los comentarios deben ser respetuosos. La Corte no debería sentirse presionada por esas circunstancias. La independencia pasa por otra parte. La independencia de la Corte se defiende de otra manera: tomando las decisiones que deba tomar. ¿O acaso van a cambiar su opinión por una crítica? Si fuera así, estaríamos muy mal. Yo creo que tanta asepsia sale de la realidad.
¿Cómo ve los proyectos de Reforma Judicial que presentó la Corte? Se habla de un fuerte impulso del sistema acusatorio, dándole la prioridad a los fiscales para investigar.
Yo creo que esa reforma del sistema de enjuiciamiento penal debería impulsarse, pero no creo que el mejor ámbito para hacerlo sea la Corte, se tiene que generar en otros ámbitos. Me parece bien que opine la Corte, pero sería bueno que opinase también el Poder Ejecutivo. Las políticas públicas en materias de reformas del Estado necesitan de un ámbito externo al propio Poder Judicial.
Sin embargo algunos de los proyectos son lo que usted impulsó cuando se reformó el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires...
Es que pueden ser muy buenos los planteos. Cuando yo hice la reforma del Código, nosotros tuvimos que optar por una alternativa intermedia, que es el sistema mixto que rige actualmente. Yo siempre lo pensé como una pura transición.
En aquel momento había fracasado el proyecto del ejecutivo de 1986, de Julio Maier, que era una obra importante, pero hubo rechazos que se generaron dentro del propio partido radical. El presidente Menem me dijo entonces que había que buscar otro código porque ese ya hemos visto que se trabó, y me sugirió que tomara el modelo de Levene. Trabajé y lo remozé bastante. Una de las cosas que le introduje fue la posibilidad de la delegación de la instrucción penal preparatoria, en manos del fiscal, como etapa intermedia hacia un sistema acusatorio puro. La experiencia me dio la razón: el sistema se fue consolidando, la delegación en manos fiscales cada vez fue más intensa. Hoy las cosas están maduras para dar un segundo paso en ese sentido.
Ahora, ¿Cuánto afectan los criterios de excarcelación que tiene el Código en la sobrepoblación de las cárceles de la provincia?
En muy buena medida. La última reforma que sufrió este Código condujo a que se tornasen inexcarcelables delitos que antes lo eran, y esto ha llenado las cárceles de detenidos, e incluso las comisarías. Hemos entrando en una verdadera emergencia que no se compadece con un sistema tan duro en materia excarcelatorio como ese.
Además, en la provincia hay algunos institutos que vienen siendo aplicados con criterios muy erráticos. Me refiero a las formas alternativas de la prisión preventiva. Hay que volver a un sistema de excarcelaciones muy claro, que conecte la prisión preventiva exclusivamente con los fines que le son propios y que le de al principio de inocencia el espacio que debe tener.
Dentro del ámbito penal, ¿Cuál es su opinión sobre el sistema de juicio por jurados?
Me parece que es muy difícil implementar la institución del juicio por jurados. Hay que hacer una evaluación cuidadosa de su praxis en los Estados Unidos, desde donde surgen críticas bastante duras. Hay que recoger mucho y evaluar empíricamente el funcionamiento que ha venido teniendo. Creo que su implantación masiva sería francamente inconveniente.
¿Por qué motivo?
La ciudadanía no está preparada para ser jurado. Creo que influyen de un modo absolutamente negativo los medios de comunicación en el tema judicial. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay que escuchar las críticas que hacen los académicos en Estados Unidos.
¿Cómo se va a implantar en la provincia la ley que desfederaliza los delitos menores relacionados con las drogas?
La aspiración que tenemos es hacer una prevención de la que hoy carecemos. La escasa cantidad de jueces federales que hay en el interior de la provincia ha servido para que los jueces sean muy selectivos a la hora de establecer criterios de prevención o persecución penal, privilegiando la persecución de aquellos hechos más graves como el comercio a escala o el tráfico transnacional. Pero la preocupación de la población es el modo facilitado que tiene los jóvenes para consumir y comprar drogas.
Nosotros queremos que los jueces recuperen su actitud para conocer en los hechos pequeños. Y la actividad policial va a contener la expansión del fenómeno y va a fortalecer la confianza de la gente.
Ya que estamos en el tema de drogas, ¿Qué opina de la despenalización del consumo de marihuana? ¿Está de acuerdo con la opinión de Carmen Argibay?
Yo creo que hay que buscar un punto de equilibrio que respete las acciones privadas y también la conveniencia de proteger la salud pública. Respecto del que consume, no corresponde una pena privativa de la libertad sino un tratamiento de desintoxicación y demás. La ley actual rescata este equilibrio. No sería bueno ir hacia una despenalización hoy teniendo en consideración qué otras cosas están en juego.
Otro de los temas que se habla a menudo es la posibilidad de bajar la edad de inimputabilidad de los menores. ¿Usted que piensa?
No habría ningún inconveniente de bajar la inimputabilidad a los catorce años, pero antes de hacer eso el Estado tiene que garantizar que sus instituciones en esta materia estén en condiciones de atender un cambio de esas características. Sería un salto al vacío llevar adelante una reforma sin esto. El debate no pasa por la reducción de la imputabilidad sino por las condiciones bajo las cuales se hace esto.
Hace poco tiempo usted mismo impulsó un juicio político contra un juez de Mercedes por dejar libre a un médico de la policía que mandó a matar a su ex esposa (el caso Chaín). ¿Cómo va a seguir ese proceso?
Lamentablemente yo no he visto en la provincia una actividad de parte de los Jurados de Enjuiciamiento que tenga que ver con la razón de ser de la institución. Hay casos que son escandalosos y éste es uno de ellos. Se trata de un juez que le dio la eximición de prisión a un hombre condenado a reclusión perpetua. A mí me produjo un elevado grado de indignación y de responsabilidad republicana y actué en consecuencia.
Cuando usted asumió, en abril de 2004, dijo que uno de los problemas más graves a resolver era la corrupción dentro de la policía bonaerense. ¿Sigue habiendo corrupción dentro de la policía?
Sí.
¿Cómo se combate?
Hice muchas cosas. Por un lado he fortalecido mucho el área de asuntos internos: he simplificado su forma de acción, abreviado los plazos y fortalecido el área desde el punto de los recursos.
Desde que yo me fui del Ministerio hubo 120 casos de exoneración. En este lapso, desde que volví, llevo 500 casos. Por otro lado pedí y obtuve una Ley de Emergencia policial que me permite separar a policías que estén sospechados de casos de corrupción. En total, durante mi gestión, llevo separados 1.800 policías.
También he puesto en funcionamiento un modelo de organización policial que atenúa mucho el fenómeno de la corrupción con jefaturas policiales por cada uno de los municipios. Y combatí los fenómenos de verticalidad que tenía esta fuerza.
El tema es que la gente no le tiene confianza a la policía....
La gente va a retomar la confianza cuando la policía deje de ser corrupta, porque la población sabe si tiene la policía sana o enferma. Ahí tenemos que recorrer un largo camino, tenemos que cambiar una cultura institucional y ver cómo la nueva academia va dando sus frutos.
¿Cuáles son las hipótesis más fuertes en el caso del comisario Oscar Beauvais?
Ninguna de las hipótesis que se puedan plantear frente a un caso de estas características. nos parece menor que otra, y ninguna debe ser desestimada. Hoy por hoy (remarcó) hay una hipótesis que parece vincularse más a su vida privada que otra cosa. La investigación dirá si esto es así o no. Frente a lo que se dice con bastante ligereza desde algunos medios de comunicación, aclaro que la policía trabaja al servicio de la Justicia, en este caso al servicio del fiscal.
¿Tiene confianza que se esclarezca este caso?
Yo creo que sí.
Acabamos de tener una semana de protesta piquetera muy dura. ¿Cómo se soluciona este problema? ¿Qué tienen que hacer el Estado nacional y provincial?
Es un tema muy complejo. El fenómeno piquetero es una manifestación de la conflictividad social aguda que tiene la Argentina. Creo que el gobierno ha tomado una posición muy sana, que es comprender la naturaleza del fenómeno y actuar con un tipo de respuesta que no es la respuesta convencional de la violencia. Sin embargo, el Estado provincial y nacional debe llegar a un punto donde podamos recuperar los espacios públicos, las calles y los puentes. De lo contrario, transformaríamos esto en un caos absoluto. En el día de hoy (esta nota fue grabada el viernes 19) hemos recuperado Pueyrredón y nos quedaremos allí con la cantidad de policías que sea necesario para garantizar la circulación. Esta es nuestra respuesta frente al modo más que peligroso y preocupante en que se extiende esta modalidad “piqueteril”.