Por la paralización del servicio de administración de justicia, el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires -con el aval de todos los colegios distritales- presentará un amparo colectivo ante el fuero Contencioso Administrativo platense para que se destrabe el conflicto que tiene paralizada a la Justicia desde hace más de dos semanas. Por su parte, los judiciales retomaron la huelga este lunes tras el fracaso de la reunión del viernes pasado con las autoridades provinciales.
Hoy por hoy, los judiciales condicionan el levantamiento de la huelga a que el gobierno incluya en las negociaciones paritarias la reinstrumentación de la norma que fija sus sueldos a partir de un porcentaje que oscila entre un 20 a un 50 por ciento de lo que percibe por asignación mensual un juez de Corte.
Los letrados, por su parte, pretenden que se dicte una conciliación obligatoria entre las partes, y, de esta forma, se restablezca el trabajo en los tribunales bonaerenses. Los abogados también le reclamarán a la Suprema Corte que cumpla con una acordada de 2001, en la que se autoriza al máximo tribunal a controlar y garantizar el trabajo de los juzgados.
Este martes habrá una reunión en el Ministerio de Trabajo para retomar las paritarias. Allí estará representado el gobierno provincial, la Suprema Corte provincial, el sindicato y los propios abogados, que fueron invitados por primera vez, desde que se inició el conflicto, a participar de las conversaciones.
“No puede ser que una provincia esté paralizada porque la Justicia no funciona, esto es atentar contra el Estado de derecho”, se quejó el titular del Colegio de Abogados bonaerense, Jorge Álvarez. Desde la entidad resaltaron, además, que la mitad de los abogados de la provincia, unos 20 mil, “ganan menos de 1.000 pesos por mes”.
Los abogados también
podrían denunciar a los titulares de aquellos juzgados que no atiendan al público debido a la ausencia de sus trabajadores. “Se verificará el funcionamiento de los tribunales, donde no funcione se va a elaborar un acta ante escribano público para denunciar en la Procuración General al magistrado que no garantice el servicio de Justicia”, explicó Álvarez.
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