Seis militares de la última dictadura acusados de graves violaciones a los derechos humanos serán sometidos a juicio oral y público, según una resolución judicial conocida hoy. El magistrado Daniel Rafecas dispuso la clausura parcial de la instrucción del expediente sobre los delitos cometidos bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército, una de las grandes causas sobre lo ocurrido durante la dictadura que se reabrieron en 2003. Rafecas ordenó la elevación de las actuaciones a la Cámara Nacional de Casación Penal para que se sortee el tribunal que enjuiciará a un general, dos coroneles, dos brigadieres y un ex agente de inteligencia de la Policía Federal. A los seis procesados, con actuación comprobada en distintas cárceles ilegales que funcionaron durante la última dictadura en Argentina, se les imputa la "imposición de tormentos en forma reiterada".
Dignidad
Autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reinauguraron el Centro de Recuperación de Enfermos de SIDA (CRESIDA) en la Cárcel de Devoto. Las salas de atención para internos con HIV, están ubicadas en la planta 6 de la Unidad 2. Con la remodelación de este espacio se mejora ostensiblemente la calidad de vida de internos con un estado de salud delicado y las posibilidades de tratamiento para los profesionales que allí trabajan, según un comunicado de la cartera de Justicia. Las reformas fueron solicitadas por la Comisión de Cárceles de la Defensoría General y por la Procuración Penitenciaria, mediante un habeas corpus que en abril de este año fue presentado en conjunto ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 25. En el acto de reinauguración estuvieron presentes: Federico Ramos, subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio, el Procurador Penitenciario, Francisco Mugnolo, el Defensor a cargo de la Comisión de Cárceles Sergio Paduczak, el juez de ejecución, Axel López; la Juez de Instrucción a cargo del Juzgado Nº 25 en el momento de la presentación, Mirta López González, y autoridades del Servicio Penitenciario Federal.
Competencia
El subsecretario de Justicia y Trabajo de la ciudad de Buenos Aires, Javier Fernández Moores, aseguró que hace falta "una decisión política" para el traspaso de la Justicia Nacional al ámbito local, tal como lo establece la Constitución. Sin embargo, advirtió que "no es una decisión ni sólo del Poder Ejecutivo ni sólo del Poder Legislativo, ni siquiera de uno de ambos, Nación o porteño, sino que es una conjunción política que es compleja”. “Lamentablemente, después de diez años de reforma constitucional es muy poco lo que se ha avanzado en la autonomía porteña en materia de Justicia y policía sobre todo". Por otra parte, el ex juez recordó que el presidente Néstor Kirchner firmó el año pasado "un convenio de transferencia de algunas competencias penales a la ciudad" pero aclaró que ese acuerdo todavía "está pendiente de aprobación por la Legislatura porteña y por el Congreso de la Nación".
Encuentro
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Alberto Iribarne, recibió por primera vez desde su asunción a las autoridades de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas. En el encuentro desarrollado el último viernes en la sede ministerial, se abordaron distintos temas vinculados a la administración de justicia provincial y se acordó trabajar en forma conjunta entre la Nación y las provincias. Entre los temas abordados se destacaron la competencia provincial en materia de narcotráfico para casos de menor cuantía (norma recientemente aprobada por el Congreso de la Nación y que queda sujeta a las adhesiones de las Legislaturas de cada provincia) y la difícil situación carcelaria. En cuanto a este último punto, Balladini señaló “le plantemos al ministro la necesidad de trabajar mancomunadamente para superar la situación de colapso que tiene en la actualidad el sistema carcelario en muchas de las provincias de nuestro país”. En la reunión también estuvieron presentes el vicepresidente de la entidad, Luis Alberto Absi (Poder Judicial de Misiones) y el secretario de la entidad, Rafael Gutiérrez (Poder Judicial de la provincia de Santa Fe).