La creación de la comisión, en el ámbito de la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, que encabeza Patricia Bullrich, manifiesta en forma concreta la "preocupación" del gobierno por los actos intimidatorios sufridos por los jueces de instrucción de esta capital, Alberto Baños y Wilma López.
Baños tiene a su cargo la investigación por la participación de efectivos del SPF en hechos delictivos producidos por bandas mixtas integradas por delincuentes que, estando detenidos en unidades penitenciarias, salían a delinquir. Uno de esos detenidos confesó ante Baños que personal penitenciario le había encomendado la misión de asesinarlo, abriéndose otra causa a cargo de López. Dos semanas después ambos magistrados fueron amenazados, y estos hechos despertaron la conciencia generalizada acerca de la inseguridad de los jueces.
El gobierno expresó la solidaridad con ambos magistrados y prometió adoptar medidas concretas ante estos hechos, mientras que desde la Corte y el Consejo de la Magistratura se puso de manifiesto la preocupación por que un organismo de seguridad este involucrado en amenazas a jueces.
La comisión de Ética Penitenciaria estará integrada por los juristas Mariana Lauro, María Ximena Hoffmann y Alejandro Del Pino Suárez, y tendrá como objetivos "velar por el cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos dedicados a las tareas penitenciarias, verificar el respeto a los derechos humanos en las cárceles federales y colaborar con la administración del sistema carcelario en el esclarecimiento de hechos cometidos por agentes del SFP".
Según se informó, la comisión recibirá denuncias de internos, agentes y particulares y las elevará a .la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios para, según el caso, remitirlas a la Justicia o iniciar sumarios administrativos.
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