Incluso lo relacionan con el golpe militar del general Augusto Pinochet en Chile, y en la creación de la temida Dirección de Información Nacional (DINA). Brasil también sirvió de maestro en la preparación de agentes de otros países en las artes de la confesión, la tortura y las desapariciones. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados no sólo ha elogiado la decisión del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Velloso, que decidió dar curso a al pedido del juez Bonadío para averiguar el paradero de tres argentinos desparecidos en 1980 en Brasil, abriendo la caja de Pandora de los secretos militares. También quiere que "de una vez por todas se repare la injusticia con los familiares de desaparecidos políticos, que continúan viviendo en la incertidumbre y el horror de no poder enterrar a sus seres queridos".
El miércoles, la Cámara inició la investigación, apoyada por una serie de audiencias de defensores de los derechos humanos o familiares de las víctimas para esclarecer la verdad sobre este periodo, que se saldó con la desaparición y muerte de decenas de miles de personas en los seis países. "No queremos dinero, queremos justicia, que el Gobierno nos diga a quién mató, por qué y adónde fueron a parar esas personas", exclama Victoria Grabois, hija, hermana y esposa de desaparecidos que desde la organización Tortura Nunca Más, hace años intentaba ver "la luz al final del túnel" que ahora se vislumbra.
En su calidad de jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso -él mismo forzado a salir del país durante la dictadura-, ha ordenado que se abran los archivos del Ejército, la Marina y la Aeronáutica, así como los de la Agencia Brasileña de Inteligencia, para responder al pedido argentino. Pero Marcos Rolim, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, quiere forzar a Cardoso a que se hagan públicos los contenidos de los archivos tanto de las Fuerzas Armadas, como los del SNI y la policía federal, pues "no hay motivos para que se esconda la verdad", ya que la "palabra revanchismo suena ridícula y las instituciones democráticas son lo suficientemente maduras para conocerla en toda su extensión", le dice en una carta enviada el jueves.
Una delegación de parlamentarios brasileños viajará del 27 al 29 de mayo a Paraguay para recabar información que esclarezca el verdadero alcance de la actuación de Brasil en este tenebroso periodo de la historia latinoamericana entre las dos y cinco toneladas de documentos que aguardan en el Palacio de Justicia de Asunción a que alguien los desempolve. También intentarán apuntalar su estrategia para sentar en el banquillo a otro de los sanguinarios del siglo, que vive un exilio dorado en Brasilia: el ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner, quien durante 35 años de dictadura repartió la muerte a entre 400 y 3.000 personas.
Tras 15 años de democracia, y siguiendo la estela que dejó la acción del juez español Baltasar Garzón con el general chileno Augusto Pinochet, detenido durante más de un año en Londres por una demanda de extradición, "ésta es la última oportunidad para dilucidar los crímenes de la dictadura militar brasileña", zanjó el presidente del Movimiento Justicia y Derechos Humanos, Jair Krischke, pues el tiempo es el peor enemigo de la justicia.