El tema seleccionado para esta ocasión es de antigua discusión, pero no por eso ha desgastado su vigencia entre aquellos que consideran que cada día son menos los graduados que salen de la facultad con el nivel necesario para el ejercicio profesional, y que aún es más difícil su inserción laboral debido a la cantidad desmedida de abogados que egresan cada año.
En ese sentido, los disertantes destacaron que en Argentina existe un promedio de un abogado cada 200 habitantes. Asimismo, advirtieron que hay muchas universidades de derecho pero que no existe un control de los planes de estudio que garanticen una formación de excelencia. Aunque la Ley de Educación Superior intentó modificar eso, pero automáticamente fue atacada por el rector de la Universidad de Buenos Aires, -que en ese entonces era Oscar Shuberoff- quien dijo que la calificación de la universidad la iba a realizar por medio de organismos extranjeros, dejando de lado los intentos de la CONEAU.
Por otra parte, cuando se planteó el problema de a quién debería corresponder la habilitación del abogado –que siga en manos de la universidad, o la asuman los colegios de abogados, o algún otro sistema-, todos coincidieron en que antes debe hacerse un amplio debate al respecto para ver qué sistema debería implementarse.
Aunque por su parte, Guillermo Sagues advirtió que si no se ajusta pronto el nivel educacional y la alta cantidad de profesionales existentes, “el mercado será quien lo haga” ya que entiende que es “como ir contra la ley de gravedad”.
Así, algunas de las alternativas planteadas para asegurar los conocimientos en la práctica profesional han sido, el sistema brasileño, en el que se califica y categoriza a las universidades y en donde los abogados recibidos –en realidad con un título de licenciatura- deben rendir un examen para obtener la habilitación para el ejercicio profesional. O también la alternativa de un sistema mixto por el cual los egresados deban ir sumando créditos a medida que hagan cursos de perfeccionamiento, y que a un número determinado de créditos reciban dicha habilitación.
Las universidades no quieren delegar el poder de habilitar a sus alumnos una vez que completan la carrera de grado, mientras que la Federación Argentina de Colegios de Abogados se encuentra en la posición opuesta, propugna que se le otorgue a los colegios la posibilidad de decidir quiénes se encuentran en condiciones, -una vez egresados de la universidad- de obtener la habilitación. Esto hace surgir otro problema, ya que no todos los colegios profesionales cuentan con la infraestructura como para hacer frente a esa responsabilidad.
Cada uno de los panelistas –e inclusive algunos de los abogados que participaron en el debate posterior a las exposiciones- destacaron el interés que el problema educacional de la profesión, tiene para la población, toda vez que está en manos de una sola profesión –los abogados- garantizar el control y funcionamiento del Estado de Derecho.
Con respecto a la República Oriental del Uruguay, los expositores coincidieron ampliamente con los argentinos en el hecho de que cada día los egresados de la carrera de abogacía saben menos. Asimismo, destacaron que en el Uruguay existen 5 universidades de derecho con sus respectivas sucursales en el interior del país, para una población de poco más de 3 millones de habitantes, número que consideran excesivo.
Por último, se debatió la necesidad de que los abogados que ya se encuentran ejerciendo la profesión desde hace varios años, deberían ser obligados a revalidar sus títulos acreditando también su continua capacitación en alguna de las amplias materias que pueden encontrase dentro de la temática jurídica.