La Cámara Federal ordenó que la ex secretaria del ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Fernando de Santibañes continúe siendo investigada por haber declarado presuntamente en forma falsa en la investigación por el supuesto pago de sobornos a senadores. La Sala I de la Cámara Federal revocó el sobreseimiento dictado a favor de Gladys Mota por la presunta comisión del delito de "falso testimonio" y dispuso que el juez federal Guillermo Montenegro profundice la investigación. Para los camaristas Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo, el sobreseimiento sólo puede dictarse "cuando el imputado aparezca de un modo indubitable exento de responsabilidad". El "arrepentido" Mario Pontaquarto señaló a Mota como una de las personas que una noche de abril de 2000 le entregó cinco millones de pesos que había retirado de la bóveda de la SIDE para repartir supuestamente entre un grupo de senadores que habían votado a favor de la Ley de Reforma Laboral. Al declarar ante la Justicia, la mujer negó esa afirmación y haber tenido contacto con el "arrepentido" en la SIDE, pero sus dichos no convencieron a los investigadores y se inició una investigación en su contra.
Vacantes
El Poder Ejecutivo de la Nación le aceptó la renuncia a Oscar Emilio Juan Sarrulle, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. Sarrulle había presentado su renuncia a partir del 30 de septiembre de este año. La dimisión fue aceptada a través del decreto 1290/2005 que lleva la firma del presidente Néstor Kirchner y del ministro de justicia de la nación Alberto Iribarne.
Competencia
En autos que fueron caratulados “Córdoba, Provincia de c/ Estado Nacional y otro s/ medida cautelar”, la mentada provincia solicitó el dictado de una medida autosatisfactiva, ante el Juzgado Federal Nº 2 de dicha jurisdicción, contra el Estado Nacional -Secretaría de Industria y Comercio de la Nación- y contra la Administración Federal de Ingresos Públicos -Región Aduanera Córdoba- a fin de obtener de manera inmediata la entrega efectiva de 4 embarques destinados a los proyectos "Salud" y "Educación" -en el marco de un convenio suscripto con una empresa española-, que están bajo la custodia de la Aduana en dependencias del Tercer Cuerpo de Ejército. Asimismo, señaló que necesita disponer de tales bienes puesto que resultan indispensables para el funcionamiento del Hospital Central de Río IV, el Centro Oncológico de Córdoba y el equipamiento multimedial de escuelas provinciales. Pero que, en virtud de que la Secretaría de Industria y Comercio aún no se ha pronunciado sobre la eximición del pago de los derechos de importación y del IVA que gravaría la mercadería importada por la Provincia, dicha omisión le impide su liberación y utilización. Ante ésta solicitud el Juez Federal hizo lugar a las excepciones de incompetencia opuestas por el Estado Nacional y por la A.F.I.P., por considerar que corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema al tratarse de un pleito entre el Estado Nacional y una provincia. Lo mismo fue corroborado por el dictamen del Procurador de la Corte, al cual se refirieron los ministros del Alto Tribunal para resolver que correspondía que el problema fuera dirimido por ellos en forma originaria, en razón de los sujetos involucrados, como lo disponen los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional. Lo cual fue resuelto por los ministros Enrique Petracchi, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay. (texto completo)
Clausura
La Corte Suprema de Justicia de Paraguay suspendió la matriculación de los abogados hasta nuevo aviso con el argumento que existe una masificación de la profesión en los últimos 18 meses. La Corte pretende controlar el ejercicio de la misma y establecer un mecanismo para otorgar las habilitaciones."Hay demasiados abogados que a través de sus actuaciones expresan desconocimiento supino de lo que es la ley y las reglas de juego en un proceso. Además, desconociendo las reglas de juego se prestan irresponsablemente a ser utilizados por otros abogados vivos para generar la discordia y dilatar la solución rápida de los problemas", afirmó el ministro Blanco. En marzo de 2004 había 9 mil abogados, pero en un año y medio la cifra subió a trece mil. Por eso los jueces del máximo tribunal están pensando tomar exámenes que permitan evaluar las condiciones académicas de los nuevos abogados. Llamativamente, el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Luis Armando Godoy, afirmó que "no está mal" la intención de la Corte de suspender la matriculación de los abogados para hacer un estudio sobre el ejercicio de la profesión. "Nosotros creemos que tienen que haber límites. Es cuestión de reglamentar", señaló.