Ese fue el motivo, para que dos abogados presentaran, hace varios días, notas en el despacho de Enrique Petracchi, exigiendo a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura que buscaran una solución ante la virtual paralización del servicio de justicia.
Asimismo, se ha reclamado “la investigación de las conductas adoptadas por magistrados y funcionarios y las consecuencias económicas financieras del pago por servicios no prestados”, ya que interpretan que “el pago de haberes sin prestación de servicios por parte del Poder Judicial importa un delito o, por lo menos, una financiación de actos ilícitos como son los "paros" (concurrencia de personal sin atención al público), lo que no se compadece con el correcto servicio de justicia”.
Ante la falta de respuesta por parte del presidente de la Corte y del Consejo, uno de estos abogados, Rodolfo Jorge Brieba nuevamente se apersonó hoy en el Palacio de Tribunales solicitando un “pronto despacho”, para que se tome alguna medida a este respecto.
Por otra parte, el Presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Lucio Ibáñez, en diálogo con Diario Judicial.com aseguró que se han remitido distintas notas “tanto al presidente de la Corte, como al Ministro de Justicia y al Secretario General de la UEJN, con nuestra preocupación por la interrupción de la administración de justicia en virtud de medidas de índole gremial”.
Por ello, asegura Ibáñez “solicitamos a los distintos actores el diálogo y el intercambio de mecanismos para darle solución a este tipo de conflictos que perjudica tanto al Poder Judicial como al abogado en el nivel profesional. El mayor perjudicado es el servicio de justicia y por ende el justiciable”.
Asimismo, destacó también que el Colegio se ha ofrecido como mediador para la resolución de este conflicto, “sin desconocer el legítimo derecho de los trabajadores a un salario digno y al derecho constitucional de huelga”.
Ibáñez aseguró que hasta el momento han recibido respuesta por parte del Ministerio de Justicia y de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, para tener reuniones que permitan acercar a las partes. Sin embargo, aclaró que sólo éstas dos partes contestaron concretando con día y horario para llevar a cabo los encuentros, y que aún esperan la respuesta por parte de la Corte Suprema.
Por último, Ibáñez afirmó estar convencido de que “el mejor camino es el del diálogo y el de poder acercar a las partes a fin de dar solución a este tipo de conflictos. En última instancia esta el libre ejercicio profesional del abogado que al impedírsele, se le provoca una merma en el trabajo cotidiano y un grave perjuicio económico”. Asimismo, finalizó asegurando que el “sentir de carencia o falta de administración de justicia en la sociedad lleva al desprestigio de las instituciones”.