DiarioJudicial.com: ¿Qué información tiene el Banco de Datos?
Pedro Biscay: La idea del Banco de Datos es reunir información sobre expedientes penales, muchos están en trámite, muchos han terminado, de manera tal que exista una huella del comportamiento de empresarios, empresas, funcionarios públicos y particulares que están siendo o fueron investigados por la justicia por diferentes delitos económicos.
Del relevamiento de la información, ¿a qué conclusiones llegaron?
La conclusión más evidente es que la estrategia de persecución penal de delitos económicos en la Argentina ha demostrado un fracaso. Esto es algo que se nota en diferentes indicadores que aparecen dentro del banco. Básicamente no hay condenas en la Argentina. Por otro lado la gran cantidad de causas que quedan estancadas en la etapa de instrucción muestra que la estrategia de persecución de delitos económicos no lleva a resultados exitosos. Nosotros, como CIPCE, no abogamos por dejar de lado la estrategia de persecución penal, lo que decimos es que el delito económico debe perseguirse con una estrategia de cuatro patas: la estrategia penal, la recuperación de activos de origen ilícito, el desarrollo de políticas de transparencia en materia de corrupción y el desarrollo de políticas dentro del campo de la prevención tanto en el campo del sector público como el sector bancario, financiero y empresarial.
¿Cuáles son los delitos económicos que más se cometen?
El delito principal es la subversión económica en cuanto a perjuicio pero esa ley esta derogada aún cuando se ha producido en la Argentina una cantidad de daños inconmensurables. La administración fraudulenta en perjuicio del Estado es otro de los delitos que más aparece detectado en el banco de datos. Hay muchos delitos de malversación de caudales públicos, tributarios. Los delitos de lavado son pocos pero con montos de perjuicios bastante altos. También están los viejos casos de la ley de subversión económica que son los vaciamientos de bancos.
¿Quiénes son los que más cometen esos delitos?
Hay una presencia muy alta de bancos y de empresas. Muchos delitos se cometen mediante grupos empresarios.
El fracaso en la persecución de delitos económicos es ¿por qué la justicia no sabe, no quiere o no puede investigar?
Yo creo que no hay una respuesta unívoca. Me parece que es un conjunto de variables que juegan y que demuestran que los expedientes materialmente quedan en estado de abandono, que se producen falsos juicios dentro de la etapa de instrucción y eso hace que no lleguen a elevarse a juicio y posteriormente tengan una condena y que por detrás de esto reina un trasfondo que tiene que ver con un sistema estructural de impunidad en la Argentina y un sistema de estado cooptado institucionalmente de una manera furibunda. Los órganos de control en nuestro país no han dado muestras claras en los últimos años de desarrollar políticas agresivas de control y persecución de estos delitos. Una de las conclusiones del informe parlamentario de fuga de divisas en la Argentina dice textual: “La falta de control y supervisión sobre el sistema financiero ha sido evidente desde el momento en que el Banco Central nunca pidió a las entidades financieras información relacionada con movimientos de capitales a pesar de que las normas legales existentes autorizaban expresamente al Banco Central para ejercer ésta atribución, e incluso a la Superintendencia de Entidades Financieras, sin necesidad de acuerdo del Directorio del Banco”.
¿La legislación es obsoleta?
Si, hay que reformar muchas cosas. En Argentina no hay técnicas avanzadas de investigación que son muy importantes para entender que el delito económico hay que estudiarlo financieramente y no tanto con la lógica del derecho penal tradicional. Y tampoco hay instrumentos claros de recuperación de activos de origen ilícito. La reforma del Código Penal en materia de decomiso de bienes es urgente porque si de 750 casos sólo 14 tienen condena es imposible llevar adelante una política efectiva en materia de recuperación y reparación del daño social causado.
Con este panorama ¿La recuperación de activos es viable?
Creemos que es viable. Hay mecanismos previstos por la ley de drogas que reconocen que se puede decomisar efectos provenientes de drogas aún cuando no existe una condena definitiva. Y además esta el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que esta pendiente de ratificación en nuestro país, pero es un marco normativo e indicativo interesante para nuestro país.
¿En cuánto calculan el perjuicio económico?
El perjuicio denunciado solamente en el fuero federal es 8.724 millones de dólares. (NdA: la cifra de 10.144,7 millones de dólares que se informa al comienzo de la nota fue dada a conocer posteriormente a éste reportaje durante la presentación oficial de la Base de Datos)
¿Hay diferencias entre el interior del país y la Capital Federal?
Si, las diferencias son muy claras. El 87% del perjuicio corresponde al fuero federal de la Capital Federal.
Para recabar toda la información que tiene la Base de Datos debieron consultar 750 expedientes. ¿Contaron con la colaboración de los jueces?
Fue difícil. Tuvimos resistencia en muchos juzgados. Tiene que ver con el acceso a la información en la Argentina que no es público. Las causas en el fuero penal sufren bastante resistencia para ser dadas a publicidad de manera libre. Eso tiene que ver con una tradición inquisitiva en nuestro país, con una cultura del secreto que lleva mucho tiempo cambiarla. Un juzgado bastante complicado fue el de Jorge Urso. De todos modos se fueron desarrollando otro tipo de estrategias para poder obtener la información.
¿En que puede ayudar este Banco de Datos?
En primer lugar genera una cantidad de información disponible y la pone al servicio de la sociedad civil. En segundo lugar permite generar un archivo nacional contra la corrupción y la criminalidad económica. Y en tercer lugar permite medir de manera periódica el estimado de daños producidos con lo cual se puede detectar dos cosas: que detrás del delito económico, no solamente hay funcionarios públicos corruptos y empresas que corrompen, sino que hay víctimas de delitos y violaciones directas de derechos humanos y en segundo lugar da la posibilidad de generar políticas de recuperación de activos.