Esteban Righi, le ordenó a los fiscales penales de todo el país que agilicen las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar para que sean elevadas a juicio oral en el corto plazo y se evite su prescripción.
Righi le pidió a los representantes del Ministerio Público que
"extremen los recaudos necesarios" para apurar el trámite de los expedientes. “Resulta de vital importancia concentrar esfuerzos, para evitar la excesiva dilación de los procesos judiciales”, dijo. Y agregó: “Esta exigencia de justicia no sólo debe ser satisfecha en los casos en los que existen personas privadas de libertad, sino también en procesos complejos que, precisamente por esta característica, requieren una dedicación mayor, y en muchas ocasiones involucran intereses sociales de suma relevancia”.
El jefe de los fiscales también solicitó que -en los procesos en que resulte pertinente- “agilicen la elevación a juicio o la sustanciación de los debates correspondientes, a efectos de esclarecer la responsabilidad penal de las personas implicadas en dichos procesos judiciales”.
Según datos provistos por la Procuración, actualmente hay en trámite 1.004 expedientes que involucran a 1.406 imputados, de los cuales 170 se encuentran detenidos: sólo 34 de ellos cuentan con procesamiento firme y están 26 prófugos.
En otro tramo de la resolución, el Procurador General instruyó al fiscal Félix Crous, titular de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, creada mediante la Resolución PGN 163/04, para que "mantenga un seguimiento permanente del avance procesal de las distintas investigaciones" y para que asista técnica y materialmente a las fiscalías federales de todo el país que así lo soliciten.
Asimismo, Righi le requirió a los Poderes Ejecutivo y Legislativo la aprobación de partidas presupuestarias y la creación de los cargos solicitados para "fortalecer la planta de personal y los medios técnicos de las distintas fiscalías", a la vez que destacó la distribución de recursos humanos en las fiscalías federales de La Plata, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, Mar del Plata y Córdoba.
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