El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y el Consejo Permanente de Decanos de las Facultades de Derecho de Universidades Nacionales criticaron el proyecto de ley que analiza la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, alentado por su presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para reducir los miembros del Consejo de la Magistratura y especialmente quitar las minorías políticas del cuerpo. Así, se sumaron a las críticas de algunos senadores de la Comisión, del propio Consejo, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). La iniciativa pretende reducir a 13 los 20 miembros actuales del Consejo que quedaría integrado por tres jueces, dos abogados, un académico, seis legisladores nacionales (tres diputados y tres senadores, dos por la mayoría y uno por la primera minoría) y el representante del Poder Ejecutivo. Así, las segundas minorías del Congreso, que actualmente conforman el cuerpo, quedarían excluidas. “La propuesta es un sinónimo de manejo absoluto del poder político” y “es el mayor retroceso en la Justicia desde la ampliación de los miembros de la Corte Suprema” señaló el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en un comunicado. Las mayores críticas al proyecto apuntan a su inconstitucionalidad. “En su momento, este Colegio entendía que debiera haber igual número de representantes del legislativo, de los jueces y los abogados, por lo que la propuesta actual se torna inaceptable y violatoria del mandato constitucional” afirmaron los abogados sobre lo que manda el artículo 114 de la Carta Magna. Por su parte el Consejo Permanente de Decanos de las Facultades de Derecho de Universidades Nacionales expresó que “la gravedad institucional que supone el juzgamiento de los magistrados nacionales hace aconsejable el mantenimiento de un cuerpo permanente con una integración plural”. Este martes fueron invitados la FACA y la AMFJN a la Comisión de Asuntos Constitucionales para exponer sus ideas de la iniciativa. El Consejo de la Magistratura resolvió el jueves pasado solicitar una audiencia en la Comisión también para este martes.
Recursos
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Alberto Iribarne entregó un millón y medio de pesos a los Patronatos de Liberados de catorce provincias, con el objetivo de fortalecer la actividad de asistencia a las personas condenadas, procesadas y liberadas. Dentro de los convenios firmados con cada patronato, se incluyen cursos de capacitación para el personal que asisten a más de 40 mil personas en la provincia de Buenos Aires y a más de 15 mil personas en el resto del país. Desde esa cartera se informó también que está previsto incorporar a este emprendimiento, durante el próximo año, al resto de las provincias. Para ello cada una debe responder los informes que el Poder Ejecutivo Nacional les requiere como condición para la firma de los convenios. En la primera esta etapa las provincias involucradas son: Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Jujuy, Formosa, San Juan, Río Negro, Corrientes, Entre Ríos, Chubut, Misiones, Catamarca y Santa Cruz.
Debate
El fiscal y el querellante que actúan en el juicio que se le sigue al ex policía federal Matías Tarditti por el crimen de Lisandro Barrau, cometido el año pasado en Palermo, pidieron que el acusado sea condenado a prisión perpetua. En el marco del juicio oral que se sustancia ante el Tribunal Oral Criminal Nº 28, el fiscal Gabriel Chakass y el querellante Alberto Bovino reclamaron esa elevada pena para Tarditti al considerarlo culpable del delito de homicidio calificado por tratarse de un integrante de una fuerza de seguridad que hizo "uso abusivo de su función".