La decisión de los siete jueces implica que el ministro del Interior británico, Charles Clarke, deberá rever todos los casos judiciales de "sospechosos de terrorismo", en los que se usó evidencia obtenida de países donde esa información pudo haberse conseguido con aplicación de torturas.
La sentencia fue una victoria legal para ocho extranjeros detenidos en Gran Bretaña en 2001, que habían llevado su caso, junto a 30 organizaciones de derechos humanos, ante el Tribunal Supremo de Londres. Los extranjeros fueron detenidos tras el análisis de evidencias obtenidas mediante tortura en el campo de detención de la base estadounidense de Guantánamo, Cuba.
El dictamen de los jueces modifica la decisión de la Corte de Apelaciones británica, que el año pasado había dispuesto que las evidencias mediante tortura eran válidas sólo si se obtenían de otro países.
Las organizaciones humanitarias denunciaron que ese fallo violaba el artículo tres de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura y los malos tratos de prisioneros.
La sentencia fue vista como un duro golpe al gobierno de Blair, que tras los atentados de julio en Londres lanzó una serie de medidas de prevención del terrorismo. "La responsabilidad para no permitir que esta evidencia obtenida a través de métodos de tortura entre a la Corte debe ser considerada primordial. Permitir el uso de dicha evidencia es un shock a la conciencia, y es un abuso y degradación de los procedimientos judiciales", explicó el dictamen de los Lores.
Blair ya había afrontado -en noviembre pasado- el rechazo a un proyecto de ley antiterrorista en la Cámara de los Comunes, cuando los parlamentarios votaron en contra de extender hasta 90 días el plazo de detención sin cargos de personas consideradas sospechosas de terrorismo.