La postura del gobierno brasileño fue ratificada por el portavoz del presidente Fernando Henrique Cardozo, Georges Lamaziere, quien comunicó que "desde el punto de vista del gobierno, no hay restricciones, incluso porque buena parte de sus integrantes fueron víctimas de gobiernos pasados".
Bonadio formuló un pedido de rogatoria acerca de esa documentación, tras conocerse parte del contenido de los archivos que figuraban como material "clasificado" por el régimen militar que gobierno al vecino país entre 1964 y 1985.
Dichos archivos contienen valiosa información respecto del accionar conjunto de las Fuerzas Armadas de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia para perseguir, aún en otro territorio, a los opositores políticos de izquierda, en lo que se conoció como el "Plan Cóndor".
Según versiones coincidentes en torno al tema la colaboración entre las Fuerzas Armadas de los mencionados países se habría extendido hasta 1985, cuando al menos en la Argentina, ya se había restablecido la democracia.
El juez Bonadío elevó el pedido vía exhorto, que fue remitido al presidente del Tribunal Supremo de Brasil Carlos Velloso, y está referido al destino de tres argentinos desaparecidos en 1980.