Con respecto al presupuesto, el informe detalla la “preocupante situación presupuestaria del Poder Judicial”, donde se dispuso “entablar gestiones con el jefe de gabinete y el Ministerio de Economía con el fin de que se ajusten las bases de cálculo sobre la participación del 3,5 por ciento en los Recursos No Tributarios de la Administración Central que por ley pertenecen al Poder Judicial”.
“En los últimos años los recursos que financian el presupuesto del Poder Judicial sufrieron sucesivas reducciones con motivo de cambios en la relación entre los ingresos tributarios coparticipables (provincias en detrimentos de la participación del Tesoro Nacional) y cambios en la estructura de los Recursos No Tributarios por criterios restrictivos utilizados en su determinación”. “En relación con el presupuesto 2000, la Comisión de Administración del Consejo propuso emitir “una declaración pública acerca de la imposibilidad en que se encontrará el Consejo de la Magistratura para cumplir con las funciones previstas en la Constitución Nacional si se aprueba en el Congreso de la Nación el presupuesto de los recortes efectuados”.
Inluído el reescalafonamiento que en su momento presentó la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, el presupuesto del Poder Judicial de la Nación para el año 2000 es de 811.712.000 pesos. El presupuesto de 1999 ascendió a 613.324.634 pesos”.
La memoria, también incluye entre diversos puntos, la selección de nuevo jueces: “el 30 de junio de 1999 se contó con una nómina compuesta por un número representativo y adecuado de candidatos, pero la formulación del listado de jurados correspondientes al año 2000 ha tropezado con similares inconvenientes, lo que determinó que el Consejo disponga que se empleen las mismas listas del año 1999”.
En lo que se refiere a la administración de los recursos del Poder Judicial, “se dispuso dividir el mapa judicial de la nación en zonas, a fin de lograr un acabado conocimiento de las necesidades de los tribunales en todo el territorio, y cada zona quedó a cargo de un consejero responsable de su atención específica”.