El veredicto contra los ocho ex policías procesados por el crimen de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán será dado a conocer el próximo lunes, a las 17, en el Tribunal Oral Nº 7 de Lomas de Zamora. El principal acusado, el ex comisario Alfredo Fanchiotti, quien está acusado de doble homicidio y siete tentativas de asesinato a raíz de su actuación en la represión policial del 26 de junio del 2002 en inmediaciones del Puente Pueyrredón, no participará de la audiencia porque el tribunal accedió a un pedido de sus abogados, que prevén disturbios. No obstante, el lunes próximo se leerá el veredicto que podría dictar la prisión perpetua contra el ex comisario y su chofer Alejandro Acosta, quien comparte los mismos cargos que su entonces superior. En la anteúltima audiencia, que no superó los cinco minutos, pasaron ante el estrado el ex titular de la Departamental de Lomas de Zamora, Félix Vega, quien prefirió no hablar; y los ex agentes Carlos Quevedo y Lorenzo Colman, que remarcaron su "inocencia". Los tres policías podrían ser condenados de tres a cuatro años de prisión bajo el cargo de encubrimiento.
Solidaridad
Un grupo de organizaciones sociales manifestaron su preocupación por el caso de la juez Marta Catella, integrante del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, acusada de prevaricato en el marco de un proceso de juicio político. Además, la ONG destacaron las denuncias sobre “la afectación de la independencia del Poder Judicial” en esa provincia y “la utilización de los mecanismos de destitución contra jueces que demostraron ser independientes”. Mediante una carta abierta dirigida a la sociedad misionera, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), entre otras organizaciones, rechazaron la decisión de la sala acusadora de la Cámara de Diputados de Misiones de abrir el proceso de juicio político contra la ministra del Superior Tribunal de Justicia. “La independencia judicial es uno de los principios básicos para la consolidación de las instituciones democráticas. Cualquier medida que pueda ser sospechada de parcialidad, o una intromisión en el ámbito propio de otro poder público, debilita la división de poderes y pone en peligro el normal funcionamiento del sistema democrático” dice la carta de las ONG. La denuncia contra la juez Catella fue propiciada por el intendente oficialista de San Vicente, Luis Benítez, luego de que la magistrado rechazara el recurso de apelación presentado por el funcionario, quien había sido destituido por el Consejo Deliberante local. La semana pasada, tal como informó este medio, la magistrada recibió el apoyo de la Jufejus.
Impunidad
Después de 10 años de investigación, la causa por los supuestos “ñoquis”en el ex Consejo Deliberante llegó a una definición. La resolución fue tomada por Jorge Baños. El magistrado dictó el sobreseimiento de los ex presidentes de ese cuerpo legislativo José Manuel Pico, Juan Trilla y Eduardo Rollano, acusados de una supuesta contratación de “prestanombres” para financiamiento político en la Capital Federal. El magistrado incluyó a otros ex concejales en su decisorio, entre ellos, Roberto Luaces, Carlos Bernardou y Guillermo García Fiorito. En el expediente se investiga la contratación de “ñoquis”, tal como se denomina a quienes perciben remuneración sin prestar tareas, o “prestanombres” que posibilitan que sus salarios sean cobrados por terceros. Pico fue sobreseído por la supuesta contratación irregular de 246 empleados con rango de directores que tenían sueldos de hasta 2.500 pesos mensuales. El ex funcionario tiene una condena firme en su contra por haberse enriquecido en forma ilícita durante su paso por la gestión pública.